Violencia política y terrorismo de Estado en la Argentina de la década de 1970 PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS DE LOS “COMBATIENTES” DESDE UNA HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE LA GUERRA

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Germán Soprano

Resumen

El estudio de la violencia política y el terrorismo de Estado en la década de 1970 es una importante cuestión de agenda pública y de las ciencias sociales de la Argentina. Los dramáticos hechos ocurridos y sus duraderas consecuencias justifican su importancia pasada, actual y futura. Desde el enfoque de una historia social y cultural de la guerra, este artículo propone una interpretación crítica de la historiografía sobre el tema, centrándose en el análisis de perspectivas y experiencias de “combatientes militares” y “combatientes revolucionarios”. Como hipótesis se sostiene que aunque en esos años el Estado argentino y otros Estados desconocieron la existencia en el país de una “guerra interna”, “guerra civil” o “guerra no internacional”, esto no inhibe la posibilidad de investigar situacionalmente, en sus propios términos, sentidos y racionalidades, los puntos de vista de quienes se consideraban protagonistas de una forma específica de “guerra” que denominaban “revolucionaria”, “contrainsurgente”, “popular prolongada”, “de liberación nacional”. Desde este enfoque historiográfico se espera contribuir a la definición de nuevas preguntas, problemas, objetos e hipótesis de investigación.


 


Abstract: The study of political violence and State terrorism in the 1970s is an important issue on the public agenda and social sciences of the Argentina. The dramatic acts that occurred and its lasting consequences justify its past, current and future importance. From a social and cultural history of the war approach, this article proposes a critical interpretation of the historiography on the issue, focusing on the analysis of the perspectives and experiences of "military combatants" and "revolutionary fighters". As a hypothesis holds that although in those years the Argentine State and other States ignored the existence in the country of an "internal war", "civil war" or "non-international war", this does not inhibit the possibility of investigating situationally, in their own terms, senses and rationalities, the points of view of those who were considered to be protagonists of a specific form of "war" which was called "revolutionary", "counterinsurgency", "popular prolonged", "of national liberation". Since this historiographic approach is expected to contribute to the definition of new questions, problems, objects and research hypothesis.

Resumen

El estudio de la violencia política y el terrorismo de Estado en la década de 1970 es una importante cuestión de agenda pública y de las ciencias sociales de la Argentina. Los dramáticos hechos ocurridos y sus duraderas consecuencias justifican su importancia pasada, actual y futura. Desde el enfoque de una historia social y cultural de la guerra, este artículo propone una interpretación crítica de la historiografía sobre el tema, centrándose en el análisis de perspectivas y experiencias de “combatientes militares” y “combatientes revolucionarios”. Como hipótesis se sostiene que aunque en esos años el Estado argentino y otros Estados desconocieron la existencia en el país de una “guerra interna”, “guerra civil” o “guerra no internacional”, esto no inhibe la posibilidad de investigar situacionalmente, en sus propios términos, sentidos y racionalidades, los puntos de vista de quienes se consideraban protagonistas de una forma específica de “guerra” que denominaban “revolucionaria”, “contrainsurgente”, “popular prolongada”, “de liberación nacional”. Desde este enfoque historiográfico se espera contribuir a la definición de nuevas preguntas, problemas, objetos e hipótesis de investigación.


 


Abstract: The study of political violence and State terrorism in the 1970s is an important issue on the public agenda and social sciences of the Argentina. The dramatic acts that occurred and its lasting consequences justify its past, current and future importance. From a social and cultural history of the war approach, this article proposes a critical interpretation of the historiography on the issue, focusing on the analysis of the perspectives and experiences of "military combatants" and "revolutionary fighters". As a hypothesis holds that although in those years the Argentine State and other States ignored the existence in the country of an "internal war", "civil war" or "non-international war", this does not inhibit the possibility of investigating situationally, in their own terms, senses and rationalities, the points of view of those who were considered to be protagonists of a specific form of "war" which was called "revolutionary", "counterinsurgency", "popular prolonged", "of national liberation". Since this historiographic approach is expected to contribute to the definition of new questions, problems, objects and research hypothesis.

Resumen

El estudio de la violencia política y el terrorismo de Estado en la década de 1970 es una importante cuestión de agenda pública y de las ciencias sociales de la Argentina. Los dramáticos hechos ocurridos y sus duraderas consecuencias justifican su importancia pasada, actual y futura.Desde el enfoque de una historia social y cultural de la guerra, este artículo propone una interpretación crítica de la historiografía sobre el tema, centrándose en el análisis de perspectivas y experiencias de “combatientes militares” y “combatientes revolucionarios”. Como hipótesis se sostiene que aunque en esos años el Estado argentino y otros Estados desconocieron la existencia en el país de una “guerra interna”, “guerra civil”o “guerra no internacional”, esto no inhibe la posibilidad de investigar situacionalmente, en sus propios términos, sentidos y racionalidades, los puntos de vista de quienes se consideraban protagonistas de una forma específica de “guerra” que denominaban “revolucionaria”, “contrainsurgente”, “popular prolongada”, “de liberación nacional”.Desde este enfoque historiográfico se espera contribuir a la definición de nuevas preguntas, problemas, objetos e hipótesis de investigación.

Palabras clave

violencia política, terrorismo de Estado, Argentina, Historia social y cultural de la guerra

Introducción

Desde la “apertura democrática” de 1983, en el marco de una significativa renovación y expansión de la investigación en ciencias sociales en las universidades e instituciones científicas de la Argentina, se produjo una importante masa de conocimientos sobre un tema de relevancia pública cual es la violencia política y el terrorismo de Estado en la década de 1970. En los últimos años dicha producción fue promoviendo una diversidad de pesquisas cuyo objeto han sido las perspectivas y experiencias de personas que participaron de las luchas estudiantiles, sindicales, políticas, armadas y de muchas otras manifestaciones del activismo de la época -incluso de aquellas expresivas de pequeños grupos/organizaciones sociales, políticas y culturales- así como de quienes fueron víctimas de la represión estatal.[ 1 ]

En ese panorama, sin embargo, el conocimiento acerca de las perspectivas y experiencias de los militares que estuvieron en actividad durante esos años continúa concentrándose de modo casi excluyente, por un lado, en oficiales superiores con responsabilidades gubernamentales y en la conducción de las Fuerzas Armadas y, por el otro, en oficiales y suboficiales que intervinieron directamente en el accionar represivo ilegal del terrorismo de Estado, al punto tal que con frecuencia los científicos sociales se refieren al conjunto de los militaresactivos en el “Proceso” como “perpetradores” o “represores”.[ 2 ]Esta última comprensión pretendidamente homogénea de los actores castrenses que los rotula con categorías negativamente connotadas, no consigue dar cuenta de una diversidad de comportamientos, diferentesjerarquías y posiciones en la organización institucional de las Fuerzas Armadas, perfiles y trayectorias profesionales, experiencias y perspectivas personales acerca de las actitudes sociales tenidas como legítimas e ilegítimas en los escenarios de la denominada “lucha contra la subversión” por los militares argentinos en actividad en la década de 1970.[ 3 ]

Teniendo en cuenta estos presupuestos, sostendré a modo de hipótesis que si bien durante la década de 1970 el Estado argentino y otros Estados desconocieron la existencia en el país de una “guerra”, “guerra interna”, “guerra civil” o “guerra no internacional”, el reconocimiento de este hecho no debiera inhibirnos de indagar en las perspectivas y experiencias de “combatientes militares” y “combatientes revolucionarios” que se consideraban protagonistas de una forma específica de “guerra” que denominaban “guerra revolucionaria”, “contrainsurgente”, “popular prolongada”, “de liberación nacional”(entre otras definiciones).[ 4 ]Para demostrarla, en diálogo con la literatura sobre el tema, analizaré las perspectivas y experienciasde "combatientes" de las Fuerzas Armadas –especialmente del Ejército- y de miembros de organizaciones armadas irregulares –particularmente de Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo-PRT-ERP- desde el enfoque de una historia social e historia cultural de la guerra,lo cual creopermite comprenderlas mejor con arreglo a sus propios términos, sentidos, racionalidades y contextos históricos.[ 5 ]De modo que si comprendemos situacionalmente aquellas perspectivas y experiencias, es posible plantear nuevas preguntas, problemas, objetos e hipótesis para el estudio de la violencia política y el terrorismo de Estado en esos años.[ 6 ]

Definiciones del conflicto armado:los “militares”

El Estado argentino ni otros Estados reconocieron formalmente que en la Argentina se libraba una “guerra” durante la década de 1970 o en tiempos del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Este no es un dato menor. La condición política y jurídica de una “guerra”en el mundo contemporáneo es tenida como expresión de la voluntad soberana de los Estados.No habiendo reconocido formalmente el Estado argentino un estado de “guerra interna”o “guerra no internacional” en esos años, pues, desde un punto de vista legal e institucional la Argentina no reconoció la existencia de una “guerra”, con excepción, claro está, de la “Guerra de Malvinas” en 1982 contra el Reino Unido.[ 7 ]

Sin embargo, las “guerras” en el siglo XX y XXI han sido y son concebidas y combatidas por actores estatales y actores no estatales, tal como sucedió en la “Guerra Fría” y en los procesos de descolonización con las denominadas “pequeñas guerras”, “guerras partisanas”, “guerra de guerrillas”, “guerra revolucionaria” o “guerra de liberación nacional”, ydesde la posguerra Fría con las nuevas formas de la “guerra contrainsurgente”, “guerra asimétrica” y “guerra híbrida”.[ 8 ]De allí que el inicio de la guerra contra un Estado podía (o puede) producirse por efecto de una acción beligerante por parte de un grupo no estatal y sin que mediara (o medie) declaración de guerra previa.[ 9 ]

Asimismo, el Derecho Internacional Humanitario o el Derecho Internacional de los Conflictos Armados se “aplica no solamente en caso de guerra declarada sino también en cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias partes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra” (Ministerio de Defensa, 2010:42). En consecuencia, la dignidad del combatiente enemigo, el tratamiento de los prisioneros de guerra y el de las personas no combatientes –incluso con las dificultades prácticas que estas cuestiones acarrean de hecho en cualquier conflicto armado- deben ser resguardadas, más aún si son los actores estatales quienes deben velar por su cumplimiento. La invocación de las características particulares de un determinado conflicto armado –“guerra revolucionaria”, “guerra contrainsurgente”, “guerra sucia” u otro- no justifican ni habilitan, pues, a cualquiera de los combatientes a violentar lo que se denomina como “usos y costumbres de la guerra” o las normas del “derecho internacional humanitario” o de los “conflictos armados”.

La llamada “doctrina francesa” de la “guerra revolucionaria” se incorporó al Ejército Argentino desde fines del año 1957 y la “doctrina de la guerra contrainsurgente” de raíz norteamericana desde principios de la década de 1960(Robin, 2005; Ranalletti, 2005, 2009, 2011; López 2009; Périés; 2009; Amaral, 2011; Mazzei, 2012; Pontoriero, 2012).[ 10 ]Dichas concepciones y, sobre todo, sus métodos y técnicas de represión aplicadas a la seguridad interior fueron adquiriendo su objetivación en un corpus de reglamentos que, particularmente, ha sido estudiado para el caso del Ejército.[ 11 ]Ese proceso de incorporación doctrinaria orientó conductas de oficiales y suboficiales, especialmente, desde el “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán ordenado por el decreto 261/75 del gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón del 5 de febrero de 1975, con laextensión de ese esquema represivoa todo el territorio nacional el 6 de octubre de 1975 mediante los decretos 2770/75, 2771/75 y 2772/75 de “aniquilamiento de la subversión”y, definitivamente, en el gobierno de facto del “Proceso de Reorganización Nacional” surgido del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Es importante tener presente que esa incorporación doctrinaria no permeó homogéneamente ni de una sola vez las concepciones y prácticas de todo el personal de cuadros del Ejército o de las Fuerzas Armadas. Las unidades operativas de las armas de infantería, caballería, artillería, ingenieros y comunicacionesa lo largo de ese extenso períodocontinuaron instruyendo y adiestrando al personal y alistando a las unidades fundamentalmente conforme a planificaciones anuales que gravitaban en torno de hipótesis de conflicto vecinales, principalmente con Chile y Brasil, y en el marco de una concepción de “guerra convencional”, es decir, contra Fuerzas Armadas de otros Estados, para cumplir con objetivos políticos del Estado nacional, empleando tácticas y armamento convencional.Otro tanto puede decirse respecto de los institutos educativos militares (Soprano, 2018; Soprano, en prensa).

¿Por qué es relevante esta última observación? Lo es porque en las últimas tres décadas los científicos sociales han invertido enormes esfuerzos tratando de encontrar respuesta a la pregunta ¿cómo fue posible que las conducciones de las Fuerzas Armadas concibieran e implementaran un plan sistemático de represión ilegal en la última dictadura? Buscando esas respuestas reconocieron la existencia de un proceso histórico que relaciona más o menos linealmente la incorporación de las doctrinas de la “guerra revolucionaria” y de la “guerra contrainsurgente” con la génesis y desarrollo del terrorismo de Estado delgobierno de facto del “Proceso” (1976-1983). En consecuencia, se ocluyó cualquier tipo de enfoque situacional y, por ese motivo, carecemos de investigaciones históricas que permitan comprender las concepciones y prácticas de la “guerra convencional” durante esas décadas en los institutos militares y unidades operativas de las Fuerzas Armadas. Unas concepciones y prácticas de la “guerra convencional” que, a modo de hipótesis, sostengo que eran las que tenían presencia predominante en dichos institutos y unidades. Esta hipótesis, por cierto, no contraviene el hecho de que unos y otras poseían responsabilidades sobre determinadas áreas de seguridad (D´Andrea Mohr, 1999; Mittelbach y Mittelbach, 2000). De allí que, especialmente en áreas “calientes” donde la actividad represiva fue intensa durante la última dictadura, ya sea de forma legal o ilegal, sus jefes y personal participaron o eventualmente estuvieron preparados para participar cumpliendo funciones de seguridad interna y orden público.

Ahora bien, en relación con el proceso de incorporación a la Argentina de las doctrinas de la “guerra revolucionaria” o “contrainsurgente” y la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, me interesa destacar aportes efectuados en los últimos años por Esteban Pontoriero. Retomando los resultados de los investigadores que lo precedieron y en diálogo con ellos, pero también adicionando el producto de su original labor de investigación, este historiador ha formulado y demostrado cuestiones relevantes e innovadoras para el estado de nuestros conocimientos:

  • Primero: las concepciones que promovían la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior contra un “enemigo interno” o “subversivo” –el “peronismo” o el “comunismo”- no sólo eran sostenidas por las conducciones militares sino por dirigentes de partidos políticos legales –recordemos que el peronismo estaba proscripto entre 1955 y 1973- durante los gobiernos de los presidentes Arturo Frondizi (1958-1962), Arturo Illia (1963-1966) y Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón (1973-1976).[12]

  • Segundo: el proceso de incorporación de esas doctrinas a las leyes y decretos nacionales, reglamentos militares y a la educación castrense fue progresivo y signado por ritmos y cambios que tendieron a cristalizarse en algunas coyunturas políticas y de conflictividad social especialmente significativas como el año 1969 con el “Cordobazo” y en 1975 con los decretos de “aniquilamiento de la subversión” del gobierno democrático de la presidenta María Estela Martínez de Perón.[13]

  • Tercero: con la doctrina y las prácticas prescriptas por la conducción del Ejército respecto de la “guerra revolucionaria” se dio una paradoja: tras más de una década de elaborar bases doctrinarias, jurídicas y operativas que prescribían concepciones y prácticaslegalmente reconocidas para un “estado de excepción” que justificara la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior contra un “enemigo interno”, en 1975 se decidió actuar con procedimientos ilegales y clandestinos de “aniquilamiento” de la “subversión” que, ex post , fueron caracterizados por la política, la justicia y la academia como propios del terrorismo de Estado.[14]

  • Cuarto: que esa paradoja puede explicarse si se reconoce que aquella elaboración doctrinaria y corpus normativo -que desde el gobierno de la “Revolución Libertadora” en adelante procuró definir un “estado de excepción”- expresaba la delimitación de unas fronteras porosas entre legalidad e ilegalidad, por ende, era posible establecer formas de continuidad entre órdenes legales y prácticas clandestinas o, por lo menos, estas continuidades eran legítimamente reconocidas por los actores militares que tuvieron responsabilidades y participación en la represión contra la “subversión”.[15]

Hasta aquí la comprensión que disponemos actualmente acerca de cómo se forjaron las concepciones y prácticas de la guerra de los “combatientes militares”, particularmente, de los miembros del Ejército Argentino, la Fuerza que hasta el momento ha sido mejor estudiada por la historiografía. Veamos a continuación las de los “combatientes revolucionarios”.

Definiciones del conflicto armado: los “revolucionarios”

No sólo militares y políticos de las más variadas pertenencias partidarias concibieron el conflicto de la Argentina de fines de la década de 1950 y de las décadas de 1960-1970 en clave bélica como “guerra revolucionaria”, “guerra contrainsurgente” o “contra la subversión”. También dirigentes y miembros de las organizaciones armadas irregulares surgidas en el proceso de radicalización política y de las luchas sociales en el país de las décadas de 1960-1970, asumieron que estaban peleando una “guerra revolucionaria”, “guerra popular prolongada” o “guerra de liberación nacional”.[ 16 ]

Hugo Vezzetti, Pilar Calveiro y Vera Carnovale son autores de referencia indispensable para comprender el fenómeno de la violencia política en la década 1970, pues destacan cómo los “combatientes revolucionarios” de las “Organizaciones Armadas Peronistas” -Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias-FAR y Fuerzas Armadas Peronistas-FAP- y del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo-PRT-ERP- concebían e intervenían en el proceso político y social produciendo estrechas relaciones entre “política” y “guerra”.[ 17 ]

En Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina ,Hugo Vezzetti analizó las perspectivas “militares” –o lo que se conoce de ellas- y las “revolucionarias” acerca de la violencia política y el terrorismo de Estado en la Argentina de la década de 1970; y también reflexionó sobre el modo en que ambos fenómenos fueron expresivos de concepciones y prácticas más ampliamente extendidas en la sociedad argentina, dado que “la significación de una confrontación total, sin concesiones ni acuerdos posibles no estaba solo presente en el actor militar y en las vanguardias armadas sino que era acompañada por una franja considerable de la sociedad”. (Vezzetti, 2002:81).[ 18 ]Asimismo, insistió en la importancia de comprender las “figuraciones de la guerra”, pues éstas tenían una eficacia social concreta: orientaban concepciones y prácticas “antagónicas”, “soluciones drásticas” y “disposición a aniquilar al enemigo” en unos y otros “combatientes”.[ 18 ] Su análisis sobre esas figuraciones de la “guerra”, no obstante su inestimable contribución historiográfica, parte de un presupuesto que considero discutible: sostiene que “no hubo guerra en términos de una consideración estrictamente militar” (Vezetti, 2002:76).[ 19 ]Como observara más arriba, ni el Estado argentino ni otros Estados declararon públicamente que el país estuviera sumido en una “guerra”. Sin embargo, tal como se expuso a partir de las investigaciones de otros colegas que indagaron en la legislación nacional y en la doctrina castrense de las décadas de 1960-1970, militares y muchos políticos argentinos asumían que se asistía al escenario nacional e internacional de una “guerra no convencional”. ¿Todos los militares en actividad en aquellos años lo percibían de ese modo? No lo sabemos, pues como las investigaciones han estado más centradas en cuestiones normativas, poco o nada sabemos respecto de los puntos de vista y experiencias personales de oficiales y suboficiales fuera de quienes integraban las conducciones superiores de las Fuerzas Armadas y de aquellos oficiales que hacían público su parecer en libros, artículos y/o en declaraciones hechas o trascendidas a la prensa.

Ahora bien ¿es dado afirmar sin asomo de duda que “no hubo una guerra”? La respuesta a esta pregunta desde el enfoque de una historia social e historia cultural de la guerra no sólo depende del punto de vista teórico o político del analista sino, sobre todo, de las perspectivas y experiencias socialmente situadas de los actores sociales estudiados. De allí que, por un lado, no alcanza con consignar el reconocimiento o desconocimiento político y normativo del Estado para afirmar si hubo o no una “guerra” –aun cuando, como he dicho, esta cuestión no sea en modo alguno baladí. Por otro lado, como es históricamente verificable, que la mayoría de los miembros de la sociedad argentina desconocieranla existencia de una “guerra”, es un dato que no se contrapone necesariamente con el reconocimiento de una apreciación contraria entre connotados sectores de la misma como miembros de las Fuerzas Armadas, de organizaciones armadas irregulares y aún de dirigentes políticos. Por último, el carácter históricamente mutante de la guerra tiene por consecuencia que la definición de qué es o qué no es una guerra sea igualmente cambiante; o dicho en otros términos: no existe algo así como una unidad de medida que pueda determinar –con precisión objetiva y universalista de cuño positivista- qué es o no una guerra en cualquier circunstancia y para cualquier actor social.

Hasta aquí, de todas formas, sigo presentado argumentos destinados a apreciar cómo en las Fuerzas Armadas se fueron configurando concepciones y prácticas del conflicto político y social de la Argentina post 1955 en clave bélica. Veamos cómo un fenómeno especular fue desarrollándose en las organizaciones armadas irregulares.

En 1998 Calveiro publicó Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, un libro que combinó una original interpretación analítica y excepcional reflexión sobre su experiencia como víctima del sistema de represión clandestino implementado durante el “Proceso”. En relación con las concepciones y prácticas del conflicto sustentadas por la “guerrilla”, destacaba que si bien las “organizaciones armadas” argentinas adoptaron la “concepción foquista” que se difundió en América Latina a partir de la experiencia de la Revolución Cubana de 1959, la “idea de considerar la política básicamente como una cuestión de fuerza, aunque profundizada por el foquismo, no era una `novedad´ aportada por la joven generación de guerrilleros, ya fueran de origen peronista o guevarista, sino que había formado parte de la vida política argentina por lo menos desde 1930” (Calveiro, 1998:14-15).[ 21 ]Sostuvo también que entre los años 1970 y 1974, el apoyo que la “guerrilla” recibió de “vastos sectores de la sociedad” llevó a sus integrantes a confiar en la “lucha armada” como medio para “abordar los conflictos políticos” (Calveiro, 1998:15-16). Sus acciones armadas que inicialmente comprendían asaltos a bancos, secuestros, asesinatos, colocación de explosivos- fueron escalando en magnitud hasta alcanzar como objetivos unidades militares, haciendo que la confianza en el “valor efectista” de esas acciones amplificara “engañosamente su peso político real” hasta el punto en que “la lucha armada pasó a ser la máxima expresión de la política primero, y la política misma más tarde” (Calveiro, 1998:16).En el caso específico de las organizaciones armadas peronistas, la influencia del peronismo y el trabajo político, sindical y social “de base”, las llevó a concebir y practicar una concepción “necesariamente mestiza entre el foquismo y el populismo, más rica y más compleja. Pero esta apertura se fue desvirtuando y empobreciendo a medida que Montoneros se distanciaba del movimiento peronista y crecía su aislamiento político general” (Calveiro, 1998:16). De allí quese fuera afirmando un fuerte proceso de militarización de las organizaciones armadas peronistas:

“Frente a un Ejército tan poderoso como el argentino, en 1974 los guerrilleros ya no se planteaban ser francotiradores, debilitar, fraccionar y abrir brechas en él; querían construir otro de semejante o igual potencia, igualmente homogéneo y estructurado. Poder contra poder. La guerrilla había nacido como una forma de resistencia y hostigamiento contra la estructura monolítica militar pero ahora aspiraba a parecerse a ella y disputarle su lugar. Se colocaba así en el lugar más vulnerable: las Fuerzas Armadas respondieron con todo su potencial de violencia” (Calveiro, 1998:17).

Posteriormente, Calveiro continuó analizando las consecuencias que había tenido la concepción foquista en la guerrilla peronista de la década de 1970, concepción que implicaba una militarización de lo político en la medida en que presuponía que las acciones militares eran generadoras de conciencia política.[ 22 ]Las condiciones de clandestinidad –sobre todo aquella auto–impuesta el 3 de septiembre de 1974 tras desafiar el liderazgo de Perón en el acto del 1° de mayo de ese año- profundizaron esa militarización, llegando a reducir lo político a lo militar. Esa tendencia-como advirtió Calveiro- se aprecia en los documentos internos de Montoneros denominados Actualización de la estructura organizativa (de 1975) y Autocrítica (de 1976).[ 23 ] En esa perspectiva, el opositor político era asimilado a la noción bélica de “enemigo” y la lucha políticareducida a la lógica de la “guerra”. Esa concepción se revelaba como el reverso simétrico de aquella con que los doctrinarios militares de la “guerra subversiva” comprendían el conflicto político y social. Montoneros, por tanto, terminó caracterizando “como enemigo a todo el aparato represivo, a la burocracia sindical sin exclusiones, a la derecha del peronismo y a la burguesía, por lo menos la industrial” (Calveiro, 2005:160).Hacia fines de 1974la conducción de la organización propició la constitución del Ejército Montonero, un ejército regular donde encuadrar a sus dirigentes y militantes activos como “combatientes” y “milicianos”.[ 24 ]Dicha decisión acabó distanciándolos de sus inserciones y vínculos con diversos sectores de la sociedad argentina, especialmente, aquellos a los que pretendía representar como los trabajadores y otros sectores populares. Se entiende así por qué el sistemático accionar represivo legal e ilegal implementado por las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales desde 1975 alcanzó plenamente sus objetivos en los primeros años del “Proceso”.

Por su parte, la historia de las perspectivas y experiencias políticas y combatientes del PRT-ERP ha sido estudiada comprendiendolos sentidos y prácticas vividas por sus miembros en el indispensable libro de Vera Carnovale: Los combatientes. Historia del PRT-ERP. El Partido Revolucionario de los Trabajadores-PRT fue fundado en 1965. Tras la radicalización de la protesta social y política con el “Cordobazo”, en 1970 el PRT fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo como brazo armado del Partido. La autora sostiene que desde un comienzo el PRT procuró construir un partido clandestino de cuadros y estimuló también la formación de frentes u organizaciones legales de carácter político, sindical, educativo o en otros medios sociales. El PRT sólo fue un partido legal por un breve período: entre mayo de 1973 con la asunción del gobierno del presidente Héctor J. Cámporay hasta el 24 de septiembre de ese año, pocos días después de que el ERP concretó el asalto al Comando de Sanidad del Ejército en la ciudad de Buenos Aires el 6 de septiembre.

Ahora bien, que la dirigencia y militancia del PRT-ERP se concibiera librando una “guerra”es algo que bien puede constatarse a través de documentos partidarios como las Resoluciones del V Congreso, del Comité Central y del Comité Ejecutivo posteriores de 1973. Allí se decía:“Un partido de combate se caracteriza por eso mismo, porque combate, y en esta Argentina que está en guerra, la política se hace en lo fundamental armada, por lo tanto, en cada lugar donde el Partido esté presente en las masas se deben impulsar las tareas militares. Combatir, formar el ejército en la práctica de la lucha armada: quien no pelea no existe” (Carnovale, 2011:69).Siguiendo aRoberto Pittaluga (2001), Carnovale recuerda que la concepción “insurreccional” del proceso revolucionario conforme la experiencia soviética de 1917 -que estabaoriginalmente presente en la dirigencia del PRT-fuedesplazada por otrainspiradaen una noción de “revolución como guerra” conforme a interpretaciones de las experiencias china, vietnamita y cubanade la“guerra popular prolongada” o de la “guerra revolucionaria”.En estas últimas, la organización militar y la lucha militar eran el motor del proceso revolucionario y no la culminación del proceso insurreccional. “La acción armada” era “creadora de conciencia” revolucionaria (Carnovale, 2011:69).

La creación del ERP, en este sentido, fue un punto de inflexión que reveló la producción de ese cambio en la concepción y práctica de la política en el PRT. Pero incluso antes, en 1968, esa concepción se habían manifestado programáticamente. En eldenominado Libro Rojo –un documento para el IV Congreso del PRT formalmente titulado como El único camino hacia el poder obrero y el socialismo, se concluía que las experiencias de las revoluciones china y cubana ofrecían las siguientes lecciones:

“a) que no hay otro camino para la toma del poder que la lucha armada, b) que la lucha armada no se inicia como corolario de una insurrección popular triunfante, sino que puede comenzar como reacción defensiva de las masas y de su vanguardia, en circunstancias del más pronunciado retroceso; c) que la construcción del ejército revolucionario, sin el cual es hoy día imposible la toma del poder, es una tarea a realizar en el campo, en zonas sociales y geográficas favorables, yendo de lo pequeño a lo grande, de lo débil a lo fuerte” (citado por Carnovale, 2011:100).

En ese mismo documento se definía la necesaria construcción simultánea del partido y el ejército revolucionario:

“La tarea de construcción del partido y la construcción de la fuerza militar, para los verdaderos revolucionarios, van indisolublemente ligadas. Donde no existen partidos revolucionarios habrá que crearlos como fuerzas militares desde el comienzo. Donde existen y son débiles, habrá que desarrollarlos pero transformándolos en fuerzas militares de inmediato, para que puedan responder a las exigencias que plantea una estrategia político-militar de poder de esta época. Para responder a esta necesidad es que el castrismo plantea la unidad político-militar de la dirección revolucionaria ya que, en nuestra época, la política y el fusil no pueden ir por separado” (citado por Carnovale, 2011: 89-90) .

Poco después, entre las Resoluciones del V Congreso partidario de julio de 1970,se postuló la “vinculación y convergencia, mutuo apoyo, interinfluencia, de la lucha armada y no armada, de las operaciones militares con las manifestaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas” (citado por Carnovale, 2011:92).Otro de los principios aprobados en las Resoluciones del V Congreso fue aquel por el cual se afirmaba: “Que en el proceso de guerra revolucionaria iniciado en nuestro país, nuestro Partido ha comenzado a combatir con el objetivo de desorganizar a las FFAA del régimen para hacer posible la insurrección victoriosa del proletariado y del pueblo. Que las Fuerzas Armadas del régimen sólo pueden ser derrotadas oponiéndoseles un ejército revolucionario” (citado por Carnovale, 2011:124).[ 25 ]Asimismo “militares” y “revolucionarios” comprendían la “guerra” que combatían entre sí como un episodio local de un guerra mundial en la que se enfrentaban –para unos- el “mundo occidental y cristiano” versus el “comunismo” y –para otros- el “capitalismo” versus el “socialismo”.

Considerando estas interpretaciones “perretistas” sobre política y guerra, no es extraño que a partir del año 1973 –con los gobiernos constitucionales del tercer peronismo- el PRT-ERP, lejos de reformular su estrategia, luego de una brevísima “tregua” otorgada al “gobierno burgués”, avanzó decididamente en la profundización de un proceso de militarización de sus concepciones y prácticas políticas del que no se apartaría, prácticamente, hasta que se produjo su completa derrota político-militar en los primeros meses de 1976. Una derrota preanunciada por el completo fracaso y las enormes pérdidas humanas que implicó el ataque al Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno” en Monte Chingolo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires el 23 de diciembre de 1975. La derrota, sin embargo, no fue percibida hasta que estuvo consumada. El desastre de Monte Chingolo fue ponderado en la prensa partidaria -el Estrella Roja - diciendo: “El ejemplo moral que recibimos y el apoyo masivo de la población hizo que nuestra confianza en el triunfo de la revolución y la decisión de seguir adelante fuera más fuertes que nunca. Compañeros: esta no fue una derrota” (citado por Carnovale, 2011:124). Y en ocasión del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 el editorial de El combatiente –otro periódico de la organización- arengó “¡Argentinos, a las armas!”, un llamado al “pueblo” a combatir en una “guerra civil” que acabara con la “dictadura” e implante el “socialismo” (Carnovale, 2011:280). Y, por último, en El combatiente del 9 de junio de 1976 se auguraba que:

“El accionar guerrillero mantendrá viva la llama de la resistencia popular […] Las operaciones de propaganda armada y aniquilamiento realizadas por las unidades guerrilleras jaquearán constantemente a la Dictadura Militar […] Mientras más prenda el ejemplo guerrillero, más poderosa y decidida será la posterior movilización obrero-popular. Por ello es que en el presente período, la lucha armada ocupa el centro de la lucha política, es y será el eje de la política nacional” (citado por Carnovale, 2011:282) .

Para entonces, sin embargo, esas declaraciones triunfalistas y combativas no se correspondían en modo alguno con el poder político-militar del PRT-ERP ni con su ascendiente en la sociedad. De allí que –cabe decirlo una vez más- el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no tuviera por objetivo acabar con las organizaciones armadas irregulares sino un ambicioso proyecto de reconfiguración radical de la política, la economía, la sociedad y la cultura de la Argentina. Una vez iniciada la dictadura, como dice Calveiro: “En pocos meses, las Fuerzas Armadas destruyeron casi totalmente al ERP y a las regionales de Montoneros que operaban en Tucumán y Córdoba” (Calveiro, 1998:19). En el curso de ese año Montoneros perdió unos dos mil activistas y el PRT-ERP desapareció cuando cayó su líder Mario Roberto Santucho el 19 de julio de 1976.

Reflexiones finales

En el siglo XXI la historia social e historia cultural de la guerra (y su pariente cercana, la antropología histórica de la guerra) ha cobrado vigor en la producción historiográfica sobre el Río de la Plata y la Argentina del siglo XIX (Garavaglia, Pro y Zimmermann, 2012; Rabinovich, 2013; Lorenz, 2015). Su utilización como recurso interpretativo en el análisis de la Argentina del siglo XX es menos frecuente, pero viene ofreciendo valiosos resultados en la comprensión histórica del escenario local de la Primera Guerra Mundial y sus conexiones internacionales (Tato, 2017) así como en el estudio de la Guerra de Malvinas (Lorenz, 2009; Rodríguez, 2014). Más reciente e incipientemente se ha invocado su empleo en relación con el fenómeno de la violencia política y el terrorismo de Estado (Pontoriero, 2018a). ¿Cuáles serían las consecuencias teóricas, metodológicas y en el nivel de la selección de fuentes documentales y en la producción de testimonios, que acarrearía el recurso a una historia social e historia cultural de la guerra en el estudio de la década de 1970?

Primero: En la expresión historia social e historia cultural de la guerra, los dos primeros términos -historia social e historia cultural- son categorías analíticas, es decir, categorías que definen un determinado enfoque teórico-metodológico empleado por el investigador para el estudio de un problema y objeto; en tanto que el término “guerra” es una categoría nativa –de los actores sociales estudiados- o el objeto de investigación del historiador.[ 26 ]Considero entonces que el recurso a una historia social e historia cultural de la guerra es pasible de ser empleado desde el momento en que identificamos actores sociales que reconocen la existenciao se tienen como protagonistas de una “guerra”.

Segundo: De lo anterior se desprende que en una historia social e historia cultural de la guerra tiene centralidad la comprensión históricamente situada de las perspectivas y experiencias de los actores sociales acerca de aquello que ellos denominan y/o significan como “guerra”. De allí que haya insistido en este trabajo en que el desafío principal de la interpretación historiográfica no es establecer desde un criterio objetivista/positivista/universalista si hubo o no guerra, sino determinar quiénes, ante qué interlocutores, en qué circunstancias, nominaron, significaron y/o experimentaron fenómenos reconocidos como “guerra”.

Tercero: Una historia social e historia cultural de la violencia política y del terrorismo de Estado en la Argentina de la década de 1970 en clave bélica sería una –reitero- centrada en las perspectivas y experiencias de los actores sociales. Y es importante no enfocarse exclusivamente en los actores estatales –particularmente los “militares”- sino también en los actores no estatales –los “combatientes revolucionarios”- y en sus conflictivas relaciones.[ 27 ]En este sentido, considero relevante el recurso a una categoría que ha sido concebida y empleada por los historiadores del siglo XIX rioplatense para analizar a los actores sociales no estatales que participan de las guerras como milicias, montoneras, fuerzas indígenas, mercenarios u otras; me refiero al concepto de otras fuerzas de guerra (Garavaglia, Pro y Zimmermann, 2012; Rabinovich, 2013); pues tal como han demostrado connotados historiadores de la guerra, las guerras interestatales o entre actores estatales son sólo una de las formas históricas de la guerra (Keegan, 2014; Parker, 2010; Van Creveld, 2007).

Cuarto: las perspectivas y experiencias de los “combatientesmilitares” han sido reconocidas como expresivas de la noción de “guerra justa”, especialmente, sustentada por el nacionalismo católico de derechas en su combate contra el “comunismo ateo” (Obregón, 2005; Scirica, 2006; Ranalletti, 2009; Cersósimo, 2014; Bilbao y Lede, 2016). Sin embargo, como sostiene Alex Bellamy (2009), la noción de “guerra justa” permea una diversidad de concepciones y prácticas de la guerra en la historia de Occidente, por ende, también está presente en las justificaciones invocadas por los “combatientes revolucionarios” peronistas y/o marxistas para recurrir a la violencia organizada contra “enemigos” del “pueblo” y los “trabajadores”.

Quinto: Una historia social y cultural de los “militares” y los “revolucionarios” como “combatientes” de una “guerra” debería enfatizar la comprensión históricamente situada de sus perspectivas y experiencias bélicas. Esto supone un desafío para los historiadores, pues en la producción de una historia reciente sobre la Argentina existe cierto solapamientoentre historia y memoriaque, en ocasiones, favorece una interpretación extemporánea de los fenómenos del pasado y sus protagonistas.[ 28 ]¿Por qué? Porque se descontextualizan los testimonios orales producidos ex post facto, porla incidencia de puntos de vista político-ideológicos no explicitados o no controlados metodológicamente por los analistas, o porque las memorias de los actores sociales e interpretaciones historiográficas –aunque analíticamente les atribuyamos regímenes de historicidad específicos- coexisten en nosotros, los científicos sociales, en tanto ciudadanos y académicos habitantes de este país.

Adenda[29]

En diferentes ambientes académicos, de manera formal e informal, he escuchado decir que comprender en clave bélica el fenómeno de la violencia política y el terrorismo de Estado y, más específicamente, considerar este último como una “guerra interna”, constituiría una tentativa de recuperación y validación de una interpretaciónsemejante a la queprocuró instalarla dictadura en los años 1976-1983 y a la sustentada desde entonces por sus defensores. Últimamente también he leído que por esa vía se intentaría“equiparar ambas violencias” –la “militar” y la “revolucionaria”- invocando la existencia de “dos demonios” responsables de aquel “pasado violento” (Confino, 2018). Lo dicho y lo escrito prácticamente me obliga a formular al menos tres preguntas, situadas en las intersecciones entre historiografía y política, que vale la pena enunciar e intentar responder en una adenda.

Primera pregunta: una interpretación en clave bélica de las perspectivas y experiencias de los “combatientes militares” y “combatientes revolucionarios” acerca de la violencia política y el terrorismo de Estado ¿sería inevitablemente una expresión de la denominada “teoría de los dos demonios”?[ 30 ]Segunda: si esos “combatientes” comprendían aquel conflicto en clave bélica y se reconocían –como se ha visto más arriba- como protagonistas de una “guerra”de características especiales; sus concepciones y prácticas acerca de esa “guerra” ¿los autorizaba necesariamente a cometer crímenes, algunas veces aberrantes, en el tratamiento del enemigo en combate o cuando estos eran hechos prisioneros? Tercera: como consecuencia de las anteriores ¿es el recurso a una historia social y cultural de la guerra –por lo menos en este caso- uno ideológica y políticamente reaccionario que contradice la orientación predominante delas políticas de derechos humanos concretadas en la pos-dictadura con el juicio a las Juntas de Comandantes del “Proceso” y desde 2005 con la anulación de las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y los indultos presidenciales (1989-1990)? Ensayemos aquí algunas respuestas.

La legislación y la doctrina en materia penal actualmente vigente en la Argentina determina que los crímenes cometidos por las organizaciones armadas irregulares no pueden ser caracterizados como de lesa humanidad y que, por el contrario, sí pueden serlo aquellos llevados a cabo por actores estatales –tales como miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. En estos últimos casos los crímenes no sólo son reprochables porque implican el recurso a formas graves e inadmisibles de violencia contra la población civil como la detención ilegal, secuestro, tortura, violación, asesinato y otros actos inhumanos, sino porque fueron cometidos por actores estatales contrariando su razón de ser e investidura como detentores legítimos del ejerciciode la violencia o por actores que utilizaron las estructuras del Estado para cometerlos.Se trata, pues, de “crímenes gravísimos que violan normas de validez universal”, “imprescriptibles e inamnistiables” (Guariglia, 2011:143-144). Cabe señalar, asimismo, que las organizaciones armadas irregulares nunca llegaron a poseer una organización autónoma y capacidades humanas y materiales para el ejercicio del poder y de control sobre un territorio equiparables a las de un Estado –ni siquiera el PRT-ERP en el “monte tucumano” durante el año 1975. De modo que, la violencia de los actores no estatales y la violencia de los actores estatales no eran ni son equiparables, aun cuando –comobien sostienenHugo Vezzetti (2002), Oscar Del Barco (2007) y Claudia Hilb (2018)- ello no dispensa a las organizaciones armadas irregulares de las consecuencias y de las responsabilidades que históricamente acarrearon susconcepciones y sus prácticas bélicas acerca de la política. Y en consecuencia, agrego por mi parte,la práctica del secuestro, ejecuciones y atentados contra empresarios, sindicalistas, políticos, policías y militares –en ocasiones también contra otras víctimas- no son, tampoco,acciones moralmente incuestionables, pues el hecho de que la legislación y la doctrina jurídica vigente los considere como crímenes prescriptos, no los vuelve menos criminales.

Las particulares características de la denominada “guerra” o “lucha contra la subversión” no legitimande ningún modo el recurso a métodos de “combate” contra “combatientes enemigos” como la detención ilegal, vejaciones, torturas y/o la ejecución clandestina y sin juicio previo de “prisioneros de guerra”.Ni los reglamentos militares del Ejército Argentino,ni la legislación gubernamental diseñada entre 1955 y 1975 para autorizar la represión de las organizaciones armadas irregulares en el marco de un “estado de excepción” (Pontoriero, 2014 y 2017), ni el derecho internacional humanitario y de los conflictos armados (Ministerio de Defensa, 2010),permitían tales concepciones y prácticas, que por lo tanto no sólo son moralmente repudiables y aberrantes, sino además ilegales y criminales. En otros términos, si algunos omuchos militares argentinos –los estudios hoy disponibles no permiten determinar cuántos en aquella época- interpretaron el conflicto de la década de 1970 como una “guerra revolucionaria”, “interna”, “civil” o “no internacional” contra los miembros de las organizaciones armadas irregulares, esa interpretación no los sustraía de los “usos y costumbres de la guerra” y, por ello, los comportamientos contra los “combatientes enemigos” que violentaran esos usos y costumbres eranpasibles de ser considerados“crímenes de guerra”. No obstante ello, para que un conflicto armado interno o no internacional pueda ser considerado como tal en el Derecho Internacional de los Conflictos Armados, es preciso constatar la existencia y actividad de un grupo armado no estatal “de envergadura y organización suficientes” y una respuesta de los actores estatales que “alcancen una violencia de naturaleza, intensidad y extensión tales que permitan concluir que ambas partes son beligerantes y se encuentran inmersas en la conducción de las hostilidades” (Guariglia, 2011:151-152). Sólo en esas circunstancias –que históricamente no ocurrieron en la Argentina de la década de 1970 porque las organizaciones armadas irregulares nunca tuvieron un poder de fuego capaz de llegar a ese umbral de violencia- hubiera sido plausible invocar la eventual ocurrencia de “crímenes de guerra”.

Por último, no creo que la utilidad hermenéutica de una concepción historiográfica, ante todo, deba ser evaluada como política o ideológicamente reaccionaria o progresista o por sus interpretaciones y usos judiciales (que además en este caso están mal calibrados porque parten de desconocer las bases sobre las cuales deben considerarse las cualidades criminales de cada uno de los comportamientos analizados), sino por el potencial que ofrece para comprender los temas históricos objeto de estudio. En nuestra labor como historiadores, antropólogos o científicos sociales no somos fiscales, ni parte querellante, ni defensores, ni jueces del comportamiento de protagonistas de las historias que investigamos, ni tampoco decisores políticos de las políticas del presente, aun cuando sea dado –incluso hasta imprescindible en relación con la violencia política y el terrorismo de Estado- que explicitemos como ciudadanos nuestros puntos de vista y posicionamientos políticos y valores morales respecto de hechos del pasado que nos interpelan directamente.[ 31 ]Pero así como no se puede tapar el sol con una mano, tampoco se puede negar que los “combatientes militares” y “combatientes revolucionarios” argentinos en la década del setenta se reconocían sumidos en y protagonistas de una “guerra”. Por ende, el recurso interpretativo a una historia social y cultural de la guerra no hace otra cosa que destacar una comprensión situacional (esto es, no extemporánea) de sus perspectivas y experiencias en sus propios términos, sentidos, lógicas y prácticas.

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Recibido: 24 de septiembre de 2018

Aceptado: 12 de noviembre de 2018

References

  1. No dispongo de espacio ni es mi intención efectuar aquí un estado del arte sobre el tema. Considero, si, indispensable precisar qué entiendo por violencia política y qué por terrorismo de Estado. Andrés Rosler diferencia el concepto de violencia política del concepto de violencia criminal o común, pues este último resultaría injustificable incluso desde el punto de vista de quien la ejerce. “La violencia política, en cambio, pertenece al género de la violencia principista, ya que actúa al servicio de una causa precisamente política, y lo hace, para decirlo con Kant, `siguiendo la máxima de una regla adoptada como objetiva (como universalmente válida)´, de tal forma que `rechaza la autoridad de la ley misma” (Rosler, 2016:115-116). En cuanto al concepto de terrorismo de Estado es uno que combina el recurso al terror –en el sentido de ejercer material o simbólicamente el miedo o el pánico sobre amplios sectores de la población o sobre determinados grupos sociales- con el concurso de concepciones y prácticas ilegales producidas desde el Estado –que, por ese medio, se niega a sí mismo en tanto asociación de dominación con carácter institucional que pretende el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia, conforme la definición clásica de Max Weber (Calveiro, 2011).. .
  2. Valentina Salvi (2016) señala que en la literatura sobre el Holocausto y otros genocidios se emplea la categoría “perpetrador” para referir a los agentes estatales o a la “gente corriente” considerados responsables mediatos o inmediatos de cometer crímenes en masa. En cambio, “represor” es una categoría nativa y analítica que en la Argentina se utiliza para definir a civiles, militares y miembros de fuerzas de seguridad denunciados, acusados, procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de los años 1976-1983.. .
  3. Desde que el Congreso de la Nación en 2003 y la Corte Suprema de Justicia en 2004 declararon la nulidad de las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y de los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1990), los testimonios de militares en actividad entre 1976-1983 que refieran a la comisión de un delito de lesa humanidad por su parte u otros camaradas son pasibles de ser judicializados derivando en convocatorias por parte de la justicia a prestar declaración testimonial o declaración indagatoria. Este hecho torna la investigación sobre esas perspectivas y experiencias castrenses más difícil para el científico social. Por cierto, si advierto sobre esta restricción metodológica para los resultados de las investigaciones empíricas no es porque contravenga las decisiones de la política y la impartición de justicia en la Argentina desde mi condición de científico social, sino porque se trata de un condicionante imposible de soslayar a efectos del estudio de la cuestión objeto de análisis.. .
  4. Utilizo entre comillas las categorías “militares” y “revolucionarios”, “combatientes” y “guerra”, porque los reconozco como términos nativos empleados por los actores sociales de la época para auto-definirse o rotular a otros y para dar cuenta de ciertos fenómenos sociales.. .
  5. Una historia social e historia cultural de la guerra se caracteriza por el énfasis otorgado a la comprensión histórica o localmente situada de las concepciones y prácticas de diversos actores sociales, sociedades o culturas acerca de la guerra o de la violencia organizada. Sigo particularmente esa perspectiva historiográfica conforme a la producción de algunos de sus más connotados representantes anglosajones: Parker (2010) y Keegan (2014).. .
  6. El presente artículo es parte de mi labor como investigador del CONICET centrado en el estudio histórico y etnográfico sobre políticas de defensa nacional y militares en la Argentina del siglo XX y XXI.. .
  7. Desde el punto de vista del derecho internacional del conflicto armado, la Guerra de Malvinas fue un conflicto armado internacional no declarado y sin una paz firmada. En tanto que la escalada de conflicto de límites con Chile y la movilización de unidades que se efectuó en el segundo semestre de 1978 el denominado “Operativo Soberanía” -que preveía invadir al vecino país para forzarlo a una negociación desventajosa en el litigio por las islas Picton, Nueva y Lennox- no llegó a dar lugar a una guerra.. .
  8. Para Martin Van Creveld (2007), entre la Paz de Westfalia (1648) y el fin de la “Guerra Fría” (1989-1991), los Estados procuraron monopolizar y limitar el recurso legítimo de la violencia organizada internacional bajo la forma de guerras interestatales. Sin embargo, ni antes, ni durante ni aun después de esos cuatro siglos y medio, como sostiene este autor, la guerra no fue ni ha sido un fenómeno protagonizado solo por actores estatales.. .
  9. El Derecho Internacional de los Conflictos Armados “se aplica en caso de guerra declarada y otros conflictos internacionales y en caso de ocupación total o parcial del territorio de un Estado por parte de las FF.AA. de otro Estado, exista o no resistencia militar. Igualmente es de aplicación en las llamadas guerras de liberación nacional, entendidas éstas como aquellas en las que los pueblos luchan, en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, contra la dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes racistas. En los conflictos armados sin carácter internacional se aplica en las guerras civiles u otros conflictos armados internos, pero no así en las situaciones de disturbios interiores o tensiones internas” (Ministerio de Defensa, 2010:33). Fabricio Guariglia retoma definiciones producidas en el marco del derecho internacional humanitario para identificar a los “actores no estatales” como “grupos armados que operan más allá del control estatal”, entre otros, “grupos de rebeldes de oposición (grupos con una incompatibilidad abierta con el gobierno, generalmente vinculada al control del gobierno o del territorio), milicias locales (étnicas, clanes, o basadas en otros criterios), vigilantes, señores de la guerra, fuerza de defensa civil y grupos paramilitares (cuando están claramente fuera del control estatal) y compañías privadas que provee servicios militares y de seguridad” (Guariglia, 2011:144).. .
  10. Esas concepciones de la defensa y la seguridad nacional en el Ejército Argentino se proyectaron cuanto menos hasta la década de 1980 (Soprano, 2015).. .
  11. Marcelo Summo y Esteban Pontoriero (2012) destacan que la doctrina francesa de la “guerra revolucionaria” comprendía un marco teórico para el conflicto con un “enemigo interno” que se mimetizaba con la población y un conjunto de técnicas de combate que incluían la división del territorio en zonas de defensa (cuadriculación), la subordinación de las fuerzas policiales a las Fuerzas Armadas, medidas de acción psicológica y de guerra psicológica y prácticas ilegales como los centros clandestinos de detención, el secuestro, la tortura para obtener información, la muerte y desaparición de los cadáveres de los detenidos. El proceso de recepción, circulación y apropiación de esta doctrina entre los militares argentinos entre fines de 1957 y el año 1962 supuso una readecuación de la caracterización del conflicto entre occidente y el comunismo a las coordenadas locales del conflicto entre el peronismo y anti-peronismo. Por su parte, Marina Franco (2012) advierte que la invocación de la “amenaza comunista” como un problema de seguridad interna era una concepción ya existente en el primer peronismo.. .
  12. Diversos analistas afirman que hasta el año 1955 las Fuerzas Armadas carecían de una doctrina específica sobre la “guerra revolucionaria” o “guerra contrainsurgente”. Para Pontoriero (2018a), esta cuestión fue advertida tempranamente por un prestigioso militar argentino, el teniente general Benjamín Rattembach en un artículo publicado en la Revista de la Escuela Superior de Guerra ese mismo año, en el cual comentaba el Reglamento de Conducción del Ejército. Durante el gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora” se comenzó a revertir esa falencia, con el objetivo de atender a la amenaza interna identificada con la “resistencia peronista”. De la presidencia de Frondizi se destaca la implementación del denominado plan CONINTES aplicado entre el 13 de marzo de 1960 y el 1 de agosto de 1961 y la elaboración por civiles y militares de los proyectos de Ley de Defensa Nacional de los años 1960 y 1961 que no fueron tratados por el Congreso de la Nación, y contaron con el apoyo del presidente (Pontoriero, 2015a). En la presidencia de Illia se produjo una interpelación legislativa de la que participaron los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores donde dirigentes políticos de diversa extracción coincidieron en identificar el “enemigo interno” con el peronismo, el comunismo y el movimiento obrero. También se elaboró un proyecto de Ley de Defensa Nacional en 1964 que reconocía esas amenazas internas y, en consecuencia, otorgaba a las Fuerzas Armadas misiones en la seguridad interior. Dicho proyecto tenía por objeto reemplazar la Ley Nº13.234 de “Organización de la Nación en Tiempos de Guerra” sancionada durante la primera presidencia de Perón y conforme a la noción de la “nación en armas” contra enemigos estatales externos. Aunque este proyecto no fue aprobado por la Comisión de Defensa del Senado, sin embargo, fue un importante antecedente de la elaboración de la Ley de Defensa Nacional Nº16.970, sancionada el 6 de octubre de 1966 por el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía (Pontoriero, 2018b). Sobre los decretos de “aniquilamiento de la subversión” sancionados en la presidencia de María Estela Martínez de Perón, véase: (Pontoriero, 2015b). Por su parte, Marina Franco (2014) demostró, por un lado, cómo entre 1973-1975 los gobiernos de Perón y María Estela Martínez de Perón profundizaron la concepción de la “doctrina de la seguridad nacional” y la caracterización del “enemigo interno” y, por otro lado, que esa concepción no fue el mero resultado de presiones castrenses sobre dichos gobiernos –como más frecuentemente se ha sostenido- sino una forma de comprender el conflicto y una convicción que permeaba al poder político.. .
  13. Los sucesos del 29 y 30 de mayo de 1969 conocidos como “El Cordobazo” y otras protestas sociales ocurridas en el curso de ese año, para Pontoriero (2016) constituyeron un punto de inflexión en el análisis de la conducción del Ejército acerca de la intervención de esa Fuerza en asuntos de seguridad interior contra un “enemigo interno”. En ese contexto se produjo el reglamento RC-15-80 Prisioneros de guerra, que contenía un capítulo sobre “civiles internados” asimilados a la figura de combatientes detenidos como prisioneros de guerra, recluidos en “campos de prisioneros de guerra”. Posteriormente, este historiador reconoce la producción de dos hechos importantes en la definición de la estrategia de represión ilegal y clandestina ocurridos en 1975: por un lado, desde febrero la aplicación de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional ordenando el “aniquilamiento” de la subversión en el marco del “Operativo Independencia” y desde octubre la extensión a nivel nacional de aquella orden tras el ataque de Montoneros a una unidad del Ejército en Formosa; y, por otro lado, la realización de una reunión de altos mandos del Ejército en septiembre. Tal decisión se vio plasmada en la aprobación del proyecto de reglamento RC-9-1 Operaciones contra elementos subversivos del Ejército ese mismo año.. .
  14. La concepción y puesta en práctica del terrorismo de Estado supuso según Pontoriero (2016): a) una estrategia de dirección centralizada y ejecución descentralizada de la represión; b) empleo de espacios clandestinos de detención y encierro; c) la decisión de un aniquilamiento secreto o clandestino; d) el recurso sistemático a la tortura como método de obtención de información. Una evidencia contundente de esa paradoja a la que alude Pontoriero es que el RC-15-80 Prisioneros de guerra de 1969 –y otros documentos del Ejército- no referían el recurso a tormentos y otras prácticas criminales sobre los detenidos. Por el contrario, ese reglamento prescribía el buen trato hacia los civiles detenidos, prohibía terminantemente las torturas, la violencia física y verbal, los castigos colectivos y las represalias contra la propiedad de los detenidos. Pero el autor también recuerda que, contra una creencia bastante extendida, tampoco los escritos de referencia de la doctrina francesa de la “guerra revolucionaria” comprenden alusiones a esas prácticas ilegales. Por ende, o bien las fuentes documentales que pudieran haberla prescrito se destruyeron, o se trataba de una serie de recursos tácitamente enseñados y empleados. En otro artículo Pontoriero (2014) analiza los reglamentos previos en los cuales el Ejército incorporó la figura del “prisionero de guerra” en ambientes de guerra contrainsurgente: RC-2-1 Reglamento de conducción para las tropas terrestres de 1964, el RC-8-2 Reglamento de Operaciones Contra Fuerzas Irregulares de 1968, el reglamento RV-136-1 Terminología castrense de uso en las fuerzas terrestres de 1968, el RC-5-2- del Operaciones sociológicas de 1968, el RC-8-3 de Operaciones contra la subversión urbana de 1969. De la exposición sistemática de esos reglamentos (Pontoriero 2015b) se sigue que comprendían a los “prisioneros de guerra” conforme a las leyes de la guerra o del derecho internacional del conflicto armado. Asimismo como dispositivo legal de represión de la actividad “subversiva” debe reconocerse la creación en 1971 de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación -conocida como “Camarón”- y su desempeño hasta 1973 (D´Antonio, 2016; D´Antonio y Eidelman, 2018).. .
  15. Como evidencia de la existencia de esa frontera porosa entre lo legal e ilegal, Pontoriero (2017) refiere a la Directiva del Comandante General del Ejército Nº404/75 de octubre de 1975 emitida por el general Jorge Rafael Videla. Destaca que el RC-9-1 Reglamento de Operaciones contra elementos subversivos, elaborado como proyecto en agosto de 1975 y aprobado con carácter reservado en diciembre de 1976, sostenía que “para calificar de `guerrillero´ a quienes participan de la insurrección, será imprescindible que cuenten con el respaldo legal del Derecho Internacional Público. En caso contrario mantendrán la misma situación que los elementos subversivos que accionan en la paz (`delincuentes comunes´). El reglamento instaba a evitar que se utilizaran conceptos como los de `guerrillas´, `guerrillero prisionero´ y que, por el contrario, fueran reemplazados por los `bandas de delincuentes subversivos armados´ y `delincuente capturado´, respectivamente […] [También] sostenía que `los individuos que participan en la subversión en ningún caso tendrán estado legal derivado del Derecho Internacional Público. Por tal motivo no gozarán del derecho de ser tratados como prisioneros de guerra y serán considerados como delincuentes y condenados como tales conforme a la legislación nacional” (Pontoriero, 2014:138).. .
  16. Algunos científicos sociales argentinos fueron notables precursores en la interpretación del proceso político y social de los años 1955-1983 en clave bélica. En 1978 Juan Carlos Marín (2003) caracterizó ese período como uno en el cual la lucha de clases culminaba en una guerra civil. También cabe mencionar los libros de Rozitchner (1998) –primera edición de 1979- y de Verón y Sigal (1986) que analizaron los sentidos bélicos de la política en los fundamentos discursivos del peronismo. Para una actualización de la interpretación de Marín, véase: Izaguirre (2009).. .
  17. Reitero que no es mi intención ni es posible aquí presentar un estado del arte sobre el tema de la “lucha armada” en la historia argentina reciente, de allí que procure dialogar fundamentalmente con estos tres autores canónicos.. .
  18. Sobre la pregnancia y legitimidad social de las apreciaciones acerca de la violencia –del Estado y la revolucionaria- en los sectores medios de la sociedad argentina no vinculadas de manera directa con la lucha política en la década de 1970, véase: Carassai (2013). Entre otros aportes, este autor ofrece una interpretación y argumentos empíricos que discuten la tesis de Guillermo O´Donnell –contenida en su libro El Estado burocrático autoritario- según la cual entre 1971-1972 se podía constatar que la “guerrilla contaba con notable apoyo, o simpatía, de la población” (51% en la ciudad de Rosario, 53% en la de Córdoba, 49,5% en el interior del país y 45,5% en el Gran Buenos Aires). Según Carassai, esos porcentajes están sobreestimados en la interpretación del analista, pues los apoyos sociales a la guerrilla más bien fueron minoritarios aunque no irrelevantes.. .
  19. El reconocimiento del estatus como “combatientes” a “militares” y “revolucionarios” no implicaría desde el punto de vista de Vezzetti (2009) una defensa de la denominada “teoría de los dos demonios” porque no es posible equiparar el accionar represivo ilegal del Estado –que es la encarnación del monopolio socialmente legítimo de la violencia- con el de las organizaciones armadas irregulares; pero también –dice- porque esa “teoría” des-responsabiliza las actitudes sociales de diferentes sectores de la sociedad civil que legitimaron la violencia política y el terrorismo de Estado.. .
  20. Dice Vezzetti: “Es claro, entonces, que no hubo tal guerra y que nunca hubo, ni antes ni después de marzo de 1976, la menor posibilidad de que un asalto revolucionario al poder pudiera ser exitoso. Lo que hubo, indudablemente, fue una decisión de las Fuerzas Armadas de asumir funciones policiales, de represión indiscriminada de la contestación social y política, incluyendo fundamentalmente la que se desplegaba a la luz del día en las fábricas, barrios y universidades. Ese es el núcleo esencial de una lucha `antisubversiva´ que requirió de una extensa preparación previa y que comenzaba por definir como blanco militar a cualquier oposición más o menos radical, sin que importara si portaba o no armas. Para ello fue necesario que tanto la doctrina como la metodología militar cambiaran los objetivos de la defensa frente al enemigo exterior por la temática de la seguridad frente al enemigo interior. Ese es el marco de justificación para que el cumplimiento de las funciones policiales, degradadas por la acción clandestina, pudiera ser asumido como una actividad de guerra. Es igualmente el fundamento de un argumento repetido hasta nuestros días: esa lucha contrainsurgente debió ser encarada como una guerra no convencional y con una metodología propia” (Vezzetti, 2002:77-78).. .
  21. Los historiadores del siglo XIX rioplatense o argentino han demostrado que esa historia de estrechas relaciones entre política y violencia tuvo una extendida historia anterior al siglo XX cuyas continuidades y cambios deberían conocerse mejor sin establecer un parte aguas absoluto en el 900. Véase: Soprano y Rabinovich (2018).. .
  22. Daniela Slipak (2015) efectúa un sistemático análisis sobre el modo en que la prensa de Montoneros aportó a la construcción de sentidos bélicos de la política entre sus integrantes y sectores de la sociedad que se reconocían en sus ideas y accionar y, también, una interpretación sobre cómo esa prensa fue expresiva de esa militarización de la política. .
  23. Calveiro atribuye los fundamentos doctrinarios de esa militarización operada en Montoneros a la influencia de Clausewitz. Ciertamente, las interpretaciones militaristas de la obra de Clausewitz han sido frecuentes, tanto entre intelectuales como entre militares que se reconocieron como exégetas de su pensamiento. Sin embargo, De la Guerra, el libro seminal del general prusiano, justamente expresa un pensamiento estratégico donde lo militar está subordinado a lo político.. .
  24. Calveiro estima que unos cinco mil miembros activos o “encuadrados” en Montoneros fueron clasificados como “combatientes” y “milicianos”. Entre estos últimos estaban quienes realizaban tareas políticas, daban apoyo a las acciones militares y progresivamente se fueron militarizando (Calveiro, 2005:132-133).. .
  25. Al igual que en Montoneros, conforme se profundizó la militarización en el PRT-ERP se asumieron como propias las formas organizativas y disciplinares del “enemigo”.. .
  26. Tal definición del significado de la expresión historia social e historia cultural de la guerra en modo alguno es original. En mi caso, la concibo homologándola conforme a cómo los antropólogos sociales brasileños del Núcleo de Antropología da Política (1998) definen el concepto de antropología de la política.. .
  27. Recientemente, Federico Lorenz ha demostrado cuán productivo puede resultar el aporte de una historia social y cultural de la guerra en sus análisis de las experiencias y memorias de dos perfiles de “combatientes” de la historia reciente de la Argentina: el caso de la joven militante montonera Ana María González (Lorenz, 2017a), protagonista del asesinato del jefe de la Policía Federal el 18 de junio de 1976; y las historias de soldados conscriptos veteranos de la Guerra y Posguerra de Malvinas (Lorenz, 2017b).. .
  28. Para Marina Franco y Florencia Levín (2007) es posible diferenciar analíticamente las nociones de historia y memoria, pero reconociendo que entre ambas se producen interrelaciones o interpelaciones mutuas, descartando por ello interpretaciones que las consideran como términos antitéticos.. .
  29. Esta adenda ha sido escrita a raíz de que uno de los evaluadores anónimos indicó la lectura de textos de Hernán Confino, quien ha estudiado la denominada “Contraofensiva Montonera” de 1979-1980. La lectura de uno de sus artículos (Confino, 2018) entiendo que sugiere una reflexión acerca de las relaciones entre historiografía y política, cuestión que, como no es objeto de mi artículo, decidí desarrollar en un apéndice.. .
  30. Para una interpretación historiográfica crítica sobre el conflictivo proceso de producción y actualización histórica de la denominada “teoría de los dos demonios” desde la década de 1970 hasta el siglo XXI: Hugo Vezzetti (2002), Emilio Crenzel (2013) y Marina Franco (2015 y 2018).. .
  31. En un sentido, que no es idéntico, puede promover reflexiones similares el lúcido análisis de Carlo Ginzburg (1993) acerca de las complejas y ambiguas relaciones entre el juez y el historiador.. .

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SOPRANO, Germán. Violencia política y terrorismo de Estado en la Argentina de la década de 1970. Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 36-53, ene. 2019. ISSN 0719-8213. Disponible en: <http://autoctonia.cl/index.php/autoc/article/view/103>. Fecha de acceso: 26 ago. 2019 doi: http://dx.doi.org/10.23854/autoc.v3i1.103.
Sección
Dosier Teoría e Historia en América Latina