El discurso del Partido Comunista de Chile sobre la democracia, 1956-1964

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Camilo Fernandez

Resumen

El artículo examina el discurso elaborad por el Partido Comunista de Chile en relación con la democracia y al problema de su participación en lo que consideraban las instituciones de la “democracia burguesa”. El periodo que va de 1956 a 1964 resultó crucial para los comunistas pues, tras el fracaso del Frente Popular, desarrollaron una nueva línea política, el Frente de Liberación, y adoptaron la vía pacífica al socialismo como parte de su estrategia. Se argumenta que, gracias a estos a estos cambios, el Partido Comunista fue capaz de integrar efectivamente a su discurso algunos elementos de la democracia representativa, incluso cuando fuesen ajenos a su teoría marxista.

Resumen

El artículo examina el discurso elaborad por el Partido Comunista de Chile en relación con la democracia y al problema de su participación en lo que consideraban las instituciones de la “democracia burguesa”. El periodo que va de 1956 a 1964 resultó crucial para los comunistas pues, tras el fracaso del Frente Popular, desarrollaron una nueva línea política, el Frente de Liberación, y adoptaron la vía pacífica al socialismo como parte de su estrategia. Se argumenta que, gracias a estos a estos cambios, el Partido Comunista fue capaz de integrar efectivamente a su discurso algunos elementos de la democracia representativa, incluso cuando fuesen ajenos a su teoría marxista.

Resumen

El artículo examina el discurso elaborado por el Partido Comunista de Chile en relación con la democracia y el problema de su participación en lo que consideraban las instituciones de la “democracia burguesa”. El periodo que va de 1956 a 1964 resultó crucial para los comunistas pues, tras el fracaso del Frente Popular, desarrollaron una nueva línea política, el Frente de Liberación, y adoptaron la vía pacífica al socialismo como parte de su estrategia. Se argumenta que, gracias a estos a estos cambios, el Partido Comunista fue capaz de integrar efectivamente a su discurso algunos elementos de la democracia representativa, incluso cuando fuesen ajenos a su teoría marxista.

Palabras clave

Partido Comunista de Chile, democracia, vía pacífica, comunismo

1. Introducción

Pocos meses después del golpe de Estado de 1973 al gobierno de la Unidad Popular, el intelectual marxista norteamericano Paul Sweezy sentenciaba que “la tragedia chilena confirma lo que debió ser, y para muchos lo era, obvio desde el principio, que no hay tal cosa como una vía pacífica al socialismo” (Sweezy, 1973: 1). Para Sweezy, lo que enseñaba la experiencia de Chile era la centralidad de la confrontación violenta —no el cómo evitarla, sino cómo prepararse para ella—. Por el contrario, durante 17 años la izquierda chilena impulsó, no sin controversias, un proyecto revolución encauzada principalmente por los medios disponibles de la democracia representativa. ¿Cómo logró conciliarse una propuesta revolucionaria con los métodos propios de lo que se consideraba, peyorativamente, la democracia “burguesa”?

En el artículo se aborda este problema a partir del análisis de uno de los actores centrales de la vía chilena al socialismo, el Partido Comunista de Chile (PC), entre los años 1956 y 1964. A pesar de que la doctrina del PC se enmarcaba en el marxismo soviético, en su discurso político defendió permanentemente la utilización de los medios legales e institucionales para llegar al poder, a la vez que rechazaba y postergaba los métodos armados e insurreccionales. Se sostiene que el lenguaje democrático del PC, de fuerte componente marxista en tanto buscaba expresar la voluntad de las masas, se nutrió de manera significativa de las categorías propias de la democracia representativa y liberal de la época. En ese sentido, el periodo indicado se considera crucial para la inclusión de dichos elementos en el discurso del PC. Por un lado, 1956 es un año importante para los comunistas, quienes plasmaron en un nuevo programa político sus postulados del Frente de Liberación Nacional (FLN) y, tras el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, adoptaron formalmente la vía pacífica al socialismo. Por otro lado, 1964 será una prueba para el PC al afrontar las elecciones presidenciales. La derrota de ese año fue un golpe para la izquierda, que a partir de entonces comenzó un proceso de crítica, reevaluación y, en algunos casos, de radicalización. Sin embargo, en este período el PC consolidará su propuesta de integrarse a los medios democráticos existentes, lo cual será reforzado por la recuperación de su legalidad en 1958 y su continua participación en los procesos electorales.

A primera vista, y desde un punto de vista normativo, la conjunción de un proyecto marxista revolucionario que se sirve de los medios democráticos institucionales propios de la clase dominante podría parecer paradójico y trágicamente erróneo, como manifestaba Sweezy. No obstante, conceptual e históricamente, resultó una opción lógica y viable para los comunistas chilenos. Para 1956 el PC no había articulado ninguna estrategia revolucionaria armada real ni una política clasista fructífera, sino que, por el contrario, sus momentos políticos más exitosos habían sido aquellos en que se integró al sistema político y que tuvo como momento clave la conformación del Frente Popular en 1936. Incluso después del fracaso de esta coalición, que en 1948 le costaría la proscripción, su diagnóstico no derivó en un abandono de los medios democráticos institucionales, sino en una reevaluación de otras categorías políticas relativas a las correlaciones de fuerzas entre clases sociales y alianzas políticas. Considerando este desarrollo en la política del PC, se argumenta que la incorporación de principios democráticos, que aparecían como teóricamente ajenos a su doctrina marxista oficial, fueron propiciados por el FLN y la vía pacífica. La apertura que significó la nueva línea política hacia el uso y potencial revolucionario de los medios institucionales representativos del sistema político chileno facilitó que el PC incorporara elementos y principios de la democracia representativa y liberal a su discurso político, no solo en un sentido instrumental, sino como parte de su acerbo político-conceptual.

Dicho esto, resulta necesario aclarar que, en primer lugar, esto no significa que el PC y la teoría que sustentaba su acción carecieran de un concepto propio de democracia, o que esta no hubiese sido con anterioridad una preocupación en su política. Por el contrario, desde sus comienzos los comunistas buscaron superar las trabas y barreras institucionales que presentaba el sistema político de comienzos del siglo XX, con el fin de alcanzar una nueva forma de gobierno que pudiese considerarse auténticamente popular. Lo característico del periodo de estudio fue que, a sus propósitos de mayor alcance como eran la revolución y el socialismo, los comunistas comenzaron a integrar elementos teóricos que no se correspondían exactamente con la retórica marxista a la que adherían. El resultado fue un discurso que conjugaba el objetivo de una nueva democracia de tipo socialista con ciertas formas y contenidos de la democracia existente. En segundo lugar, y relacionado a lo anterior, el propósito del artículo no es reconstruir en detalle la política del PC y de la izquierda en general durante el periodo indicado, cuestión que ya ha sido realizada en detalle por otros autores (Álvarez, 2011; Casals, 2010; Daire, 2010; Faúndez, 1988; Furci, 2008). Por el contrario, y en consonancia con lo dicho, la novedad del análisis consiste, más bien, en examinar los elementos conceptuales y discursivos, aquí interpretados como ideología, que permitieron a los comunistas incorporar un lenguaje de carácter democrático sustentado en la institucionalidad entonces vigente y, por tanto, no completamente marxista.

A partir de lo anterior, el artículo se estructura en cuatro secciones. En primer lugar, se realizan algunas consideraciones metodológicas sobre el caso de estudio a partir del problema mayor que significó históricamente para el socialismo la participación en las instituciones democráticas. En segundo lugar, se hace un repaso al cambio en la línea política del PC tras su proscripción en 1948, en el que pasó de la política del Frente Popular al FLN. Se destaca en este apartado que, a pesar de la reevaluación llevada a cabo en lo referente a la hegemonía de clases y alianzas partidarias, el PC mantuvo su propósito de reintegrarse al campo político-institucional, así como de restaurar las condiciones democráticas del país. Tercero, se examina la adopción de la vía pacífica como estrategia revolucionaria a partir de 1956. Por una parte, la vía pacífica complementó los principios del FLN y reafirmó la importancia de actuar en la institucionalidad democrática existente, en tanto esta fuese expresión de las reivindicaciones populares. Por otro lado, la vía pacífica le significó a los comunistas una crítica por parte de sus pares socialistas, quienes desde fines de los años 40 sostenían una política clasista. Esta crítica evidenció las dificultades teóricas presentes en la vía pacífica, específicamente en lo referente a la participación electoral y parlamentaria. El trasfondo de esta dificultad consistía en la problemática de incluir los principios ajenos al marxismo, aquellos de la llamada “democracia burguesa”, en el discurso comunista. Por último, en la cuarta sección, se analizan precisamente aquellos elementos que configuraban el lenguaje democrático del PC, y que incluían la defensa de las libertades y derechos propios de la democracia representativa existente. La diferencia con la política comunista de las décadas de 1940 y 1950 es que dichos elementos ya no correspondían solo a la llamada fase democrático-burguesa, sino que se habían incorporado en una nueva concepción democrática y revolucionaria.

Por último, en cuanto a las fuentes primarias utilizadas para el estudio de caso, se recurrió principalmente a la revista Principios , órgano teórico del PC, complementado con algunos otros documentos del partido, particularmente el Programa de 1956. Si bien hay que tener en cuenta que Principios era el medio de expresión política oficial del Comité Central del PC, lo que implica que sus espacios de difusión eran limitados en comparación a otros medios escritos —como sería el caso del periódico comunista El Siglo , de mayor circulación— su uso resulta útil pues permite reconstruir el discurso político de los comunistas en tanto partido . Sin desconocer las discusiones internas que ocurrieron al interior del partido, los comunistas contaban con un nivel de unidad organizacional mayor que otras fuerzas de izquierda, por lo que sus medios oficiales de pensamiento teórico pueden considerarse, en términos generales, representativos del PC en su conjunto.

2. Consideraciones para el estudio de caso

Algunos de los estudios referidos a la política del PC han llamado la atención sobre la dualidad que exhibió entre la teoría y la práctica en lo referente a su acción dentro de las instituciones democráticas. Para Corvalán Márquez, por ejemplo, la práctica de los comunistas, “excepto en lo referente a la concepción centralista del partido, al menos desde los cincuenta en adelante, pero en particular desde los sesenta, no venía determinada por esa teoría (la marxista leninista), pese a que permanentemente se la invocaba a posteriori como un elemento de legitimación” (2000: 228). Por otra parte, Daire destaca que, si bien la política del PC se enmarcaba en las directrices del movimiento comunista internacional, “en el marco nacional desarrolla una propuesta de acceso al poder por la vía pacífica —con las posibilidades que ofrece la democracia burguesa y sus instituciones— para realizar un proceso de cambios revolucionarios” (2010: 121). En una línea similar, Alfredo Riquelme apunta que, aun cuando los comunistas chilenos se apegaron a las leyes universales de transición al socialismo que dictaba el marxismo soviético, en la práctica “la vía chilena al socialismo (…) difícilmente se dejaba atrapar en prescripciones construidas a partir de la elaboración ideológica de las experiencias exitosas de toma del poder por los comunistas en contextos enteramente diferentes al de Chile” (2009: 88) ¿Cómo atender, entonces, a esta característica del PC al momento de examinar el tema?

Las disputas referentes a los medios y estrategias de acción revolucionarios reflejaron debates de mayor alcance en la historia del socialismo a nivel internacional. En efecto, la cuestión de la participación electoral fue uno de los puntos de discusión más importantes del movimiento obrero entre los siglos XIX y XX, pues fijaba las posibilidades revolucionarias de los partidos socialista. Al decir de Przeworski y Sprague (1986: 2), la decisión de los socialistas de participar en las elecciones no fue sino “el prólogo a la historia del socialismo, pero los prólogos delimitan la obra completa”; una vez que los partidos entraron en la competencia electoral, “el sistema electoral estructuró sus alternativas futuras.” El dilema de aceptar los medios de la “democracia burguesa” se intensificaría con mayor claridad a partir de la revolución rusa de 1917, separando aguas entre los partidos socialdemócratas que aceptaban la participación en las instituciones parlamentarias —siendo el Partido Socialdemócrata de Alemania el caso paradigmático— y el creciente movimiento revolucionario del comunismo soviético que descartaba aquellos métodos a los cuales consideraba reformistas. A nivel global la alternativa institucional quedaría asociada a la socialdemocracia que renunció a la revolución violenta, mientras los partidos comunistas se caracterizarían precisamente por representar una alternativa de cambio más radical. No obstante, esta dicotomía no se replicó en Chile los mismos términos.

En Chile, como ha mostrado Grez (2014), la participación en las elecciones fue uno de los debates más significativos que cruzó a las fuerzas de izquierda desde fines del siglo XIX. La posibilidad de lograr las transformaciones sociales mediante los procesos electorales fue un punto de conflicto permanente entre las primeras organizaciones que buscaban representar a los sectores obreros, como el caso del Partido Democrático en un inicio, y luego entre anarquistas y socialistas. En el caso del Partido Obrero Socialista y los primeros años del PC, los estudios sobre su desarrollo político (Grez, 2011; Navarro, 2017; Urtubia, 2017) destacan su participación en las elecciones y otras instituciones estatales como un elemento importante y distintivo en su práctica política. La práctica socialista-comunista de las décadas de 1910 y 1920 contrastó fuertemente con el movimiento anarquista, refractario a los medios legales e institucionales y a favor de acciones reivindicativas directas. Avanzando en el siglo XX, las investigaciones sobre la política de la izquierda en Chile muestran cómo desde fines de los 30, y luego con mayor fuerza desde los 50 (Barnard, 2017; Faúndez, 1988; Moulian, 1993), el PC profundizó su integración al sistema político, promoviendo políticas de alianzas con partidos no socialistas y participando en los procesos electorales. Como se verá luego, la insistencia del PC en los medios pacíficos y legales tensionó los supuestos teóricos de la izquierda en su conjunto, pues comunistas y socialistas reafirmaron su intención de realizar un proceso revolucionario pero con importantes divergencias en el plano estratégico.

El seguimiento comparado de estos debates en el movimiento socialista local e internacional supera con creces las posibilidades de un artículo, pero resulta útil recordarlos para plantear algunas consideraciones del caso de estudio aquí presentado, que no es sino un episodio más de la larga polémica mencionada. ¿Cómo tratar la problemática que significó para el socialismo, en tanto ideología, la transformación de la sociedad existente mediante los medios que consideraba propios de la clase dominante? Una alternativa sería analizar el caso a partir de los principales autores que dieron forma al socialismo y comunismo de mediados del siglo XX, evaluando hasta qué punto los actores estudiados se ajustaban a la teoría. Sin desconocer la importancia que tuvieron los principales referentes del socialismo en la configuración de esta ideología, para este caso resulta más útil adoptar una aproximación histórica al problema, y atender al contexto que permitió a los comunistas chilenos elaborar su discurso político. Si bien hay que reconocer la importancia de las directrices teóricas internacionales, cosa que destacaban varios autores citados en este trabajo, la aproximación de este estudio se enfoca más bien en captar los significados y usos que los propios actores elaboraron a partir de los problemas y posibilidades que les presentó su contexto político y lingüístico.

En términos metodológicos, lo anterior se sustenta en los diversos aportes realizados desde la historia intelectual. Para este caso, resulta particularmente relevante la propuesta desarrollada por Michael Freeden (1996), quien se acerca al estudio del pensamiento político desde el análisis de las ideologías. Para el autor, las ideologías pueden ser comprendidas como una constelación de conceptos, los cuales adquieren significado a partir de los usos históricos, sus contextos lingüísticos y culturales, y por la interrelación que existe entre los conceptos mismos. Desde esta perspectiva, las grandes familias ideológicas se definen por poseer un conjunto de conceptos nucleares que dan a cada ideología su carácter distintivo. Al mismo tiempo, dichos conceptos nucleares se relacionan con una serie de conceptos adyacentes que les otorgan un significado particular en cada caso. Así, en la práctica, las grandes ideologías se despliegan en numerosas variantes dependiendo de las características propias de cada contexto en que se desarrollan. En la base de este enfoque se encuentra la idea, compartida por distintas aproximaciones de la historia intelectual y conceptual, de que los significados de los conceptos políticos no poseen un significado único, sino que pueden ser resignificados y, por tanto, adquirir nuevos sentidos no contenidos en sus definiciones iniciales. Este enfoque permite reconocer las particularidades discursivas y conceptuales del caso, atendiendo a los factores locales que les dan forma y que, de otro modo, corren el riesgo de ser subsumidas dentro de las grandes matrices ideológicas de las que proceden.

3. Del Frente Popular al Frente de Liberación Nacional

Tras la represión sufrida durante dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, entre 1927 y 1931, el PC se hallaba en una situación crítica no solo en términos organizacionales, sino también políticos. Su línea política de entonces, conocida como de “clase contra clase”, había tenido escaso éxito y lo condujo a una situación de aislamiento respecto a los demás partidos. Esta situación comenzaría a revertirse cuando en la década del 30 el Comintern postulara un giro en la política de los partidos comunistas a nivel internacional para hacer frente a la amenaza del fascismo, mediante la constitución de frentes populares que agruparan a comunistas junto a otras fuerzas de izquierda y progresistas más moderadas. En el caso chileno, y tras el ejemplo que significó la constitución del Frente Popular francés en 1935, los comunistas impulsaron un Frente Popular a nivel local que se conformó finalmente en 1936, agrupando a algunas de las fuerzas políticas más significativas del periodo, principalmente a radicales y socialistas. Dos años después, la coalición logró elegir a su primer presidente, el radical Pedro Aguirre Cerda. A pesar del éxito relativo de la coalición, pues el Frente Popular se quebraría definitivamente en 1941 con la salida del Partido Socialista, para el PC la alianza con el Partido Radical se mantuvo durante dos gobiernos más, eligiendo consecutivamente a Juan Antonio Ríos (1942) y Gabriel González Videla (1946).

No obstante el importante rol del PC en la formación del Frente Popular, esta experiencia resultaría en un fracaso para los comunistas. Tras un incremento de las tensiones políticas al interior del gobierno de González Videla con el PC, que le significó una serie de restricciones legales, los comunistas son finalmente proscritos por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia de 1948, conocida como Ley Maldita. Esta situación supuso un duro golpe para lo que había sido una exitosa estrategia política de alianzas, y sumió a los comunistas en su segunda clandestinidad, marginándolos de los espacios institucionales en los que se habían desenvuelto desde fines de la década de 1930. En esta situación, las alternativas para los comunistas fluctuaban entre abandonar totalmente la acción política institucional, o bien abogar por su reintegración a los espacios legales, pero reevaluando su política de alianzas. Si bien la primera alternativa se expresó en los intentos del encargado de organización del PC, Luis Reinoso, para promover una estrategia armada e insurreccional, las condiciones resultaron mucho más favorables para la segunda opción. En la práctica, la Ley Maldita no logró sus objetivos (Huneeus, 2009: 40-41), pues el PC se mantuvo en la clandestinidad a través de la inscripción de sus militantes en otros partidos como la facción del Partido Socialista que lideraba Salvador Allende, o bien en el Partido del Trabajo, que sirvió de fachada para la acción partidaria comunista. A su vez, la presencia sindical del PC no pudo ser eficazmente controlada, pues tuvo una activa presencia al alero de la Central de Trabajadores de Chile y luego, desde 1953, de la Central Única de Trabajadores (CUT), la que llegaría a controlar en 1962. A esto habría que sumar su presencia en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y una constante participación en los procesos electorales.

En términos programáticos, la reevaluación política que desarrollaron los comunistas durante la clandestinidad decantaría en los años 50 en la elaboración de una nueva línea política, el FLN, que reemplazó los lineamientos del Frente Popular, y en la redacción de un nuevo programa, en 1956, que servirá de base para la acción posterior del PC. Esta reevaluación avanzó sobre algunos conceptos clave dentro de la concepción marxista manejada por el PC, particularmente en lo que se refiere a la hegemonía de clases dentro de las alianzas políticas y al carácter que debía tener la revolución socialista en Chile. De acuerdo con Benavides (2010: 182), las diferencias entre la línea del Frente Popular y el FLN se encontraban en tres ámbitos principales: en primer lugar, pasar de una hegemonía burguesa a una proletaria en lo político; segundo, en lo que se refiere a la revolución, a su carácter antiimperialista se agregaba su oposición contra los monopolios nacionales, profundizando en las complejidades de la burguesía local con miras a su incorporación dentro de la nueva hegemonía antes señalada; por último, se incorporaba una nueva perspectiva sobre el socialismo. Así, mientras el Frente Popular se enfocaba en la defensa de la democracia ante la amenaza fascista, con el desarrollo del FLN el proyecto socialista asomó como un objetivo en sí mismo.

Esta nueva concepción estratégica comenzaría a manifestarse con mayor claridad a fines de los años 50 e inicios de los años 60, principalmente con la redacción de un nuevo programa político en 1956. Para esos años, las condiciones políticas del PC comenzaron a mejorar de manera importante con miras a derogar la Ley Maldita y reincorporarse con normalidad a la actividad política. Para 1956 el PC había logrado concretar una nueva alianza de izquierda, el Frente de Acción Popular (FRAP), que después de años de desavenencias los había reunido una vez con el Partido Socialista Popular. Asimismo, las expectativas de volver a la legalidad mejoraron significativamente, lo que finalmente ocurrió en 1958 gracias a la actividad del Bloque de Saneamiento Democrático, el cual incluyó a una diversidad de corrientes políticas, desde democratacristianos hasta socialistas. Por último, no menos significativo fue la inesperada votación de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de ese mismo año, que elevó las expectativas de la izquierda y sobre todo de los comunistas, pues venían colaborando con el candidato desde las presidenciales de 1952. En cuanto al PC mismo, su votación fue considerable luego de la ilegalidad, obteniendo 9,2% en las municipales de 1960, y en las parlamentarias de 1961 un 11,8% en diputados y 12,2% en senadores. Así, la necesidad de explicitar y justificar su línea política se volvía una labor necesaria.

Como se indicó arriba, una de las principales reevaluaciones políticas del PC tuvo que ver con las alianzas partidarias y las relaciones de clase que mediante estas se expresaban. Abandonando la vieja defensa de la democracia amenazada por el fascismo, el diagnóstico de los comunistas cambió hacia un nuevo diagnóstico, en donde el sistema democrático se encontraba amenazado principalmente por los capitalistas en colaboración con el imperialismo norteamericano. En el Programa de 1956, el PC sostenía que el sistema político chileno servía a la dominación de los “latifundistas” y “grandes capitalistas”, en los que a su vez se apoyaban “los imperialistas norteamericanos para saquear nuestro país”, sirviéndose del “atrasado régimen político y jurídico (…) al mismo tiempo que tratan de liquidar lo poco que hay de republicano y democrático” (Partido Comunista, 1956: 5-6). En estas condiciones, la propuesta comunista consistía en que el poder recayera en nuevas fuerzas sociales, es decir, “darle a la clase obrera las principales responsabilidades del poder (…) incluyendo a aquellos sectores de la burguesía nacional que estén dispuestos a luchar por la independencia y el progreso nacional. Un gobierno así constituido será democrático de liberación nacional” (Partido Comunista, 1956: 9-10).

Como muestra el programa, la correlación de fuerzas debía ser repensada, abandonando la primacía burguesa que había caracterizado al Frente Popular. Sin embargo, el eventual liderazgo proletario del FLN no implicaba un quiebre total con la burguesía. El PC se esmeró en recalcar que su propuesta no era excluyente, sino que convocaba a otros sectores sociales no obreros. A través de Principios , también en 1956, insistía en que su programa interesaba “a todas las fuerzas nacionales, desde la clase obrera a los capitalistas que no ejercen monopolios ni tienen intereses entrelazados con los intereses del imperialismo norteamericano” ( Principios , 1956 : 13). Esta idea será desarrollada y profundizada en los años posteriores. Considerando el contexto previo de represión y anticomunismo, era lógico que el PC fuese cauto al momento de delimitar sus posibles alianzas con sectores burgueses, evitando mostrarse demasiado excluyente y apelando especialmente a los sectores medios y la pequeñoburguesía, quienes para los comunistas no tenían “intereses de clase opuestos fundamentalmente a los de la clase obrera” ( Principios , 1960 b: 25). Sin embargo, en esta proposición la idea del PC no era simplemente moverse al nivel de alianzas contingentes, sino que integrar a la burguesía en un proceso mayor asegurara su subordinación a la clase obrera, esto es, una hegemonía. Como se argumentaba en Principios :

Hegemonía del proletariado en el movimiento social chileno es la supremacía que éste debe alcanzar en la dirección de dicho movimiento. Cuando los movimientos sociales han sido dirigidos por sectores de la burguesía, es decir, han tenido la hegemonía de los movimientos, ello ha significado que los movimientos han culminado en el fracaso. Para que un movimiento social –en el caso de nuestro país el movimiento de liberación nacional– tenga éxito, es necesario que el proletariado alcance hegemonía en él, es decir, su dirección ( Principios , 1960 a: 64).

Así, en el FLN el PC replanteó el sustento de su acción política para evitar un aislamiento de la clase obrera en el marco de lo que sería la fase democrático-burguesa de la revolución (Daire, 2010). Sin embargo, en términos estratégicos, el FLN requería de principios de acción concretos que complementaran sus directrices. Estos se expresarían en la controversial propuesta conocida como vía pacífica. Como se verá a continuación, esta fue clave en la práctica política del PC, no solo por ser de algún modo un antecedente a lo que se conocerá como la vía chilena al socialismo, sino porque además implicó que los comunistas incorporaran explícitamente los medios democráticos y legales existentes y, con ello, defendieran su participación en las instituciones electorales y parlamentarias del sistema político chileno.

4. Una nueva estrategia para la revolución: la emergencia de la vía pacífica

Si bien es cierto que el PC había participado en la institucionalidad política desde la segunda mitad de la década del 30, esto no necesariamente significó la teorización de dicha práctica. Los comunistas, con todas las dificultades legales que experimentaron, insistieron permanentemente en hacer suyos los espacios de la “democracia burguesa”, pero su estricta adhesión a las directrices del bloque soviético dificultaba la tarea de explicitar esa participación institucional más allá de las consideraciones instrumentales. Esta situación cambiaría favorablemente para el PC chileno cuando, en 1956, junto a una serie de reformas y reevaluaciones políticas, el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) reconociera la posibilidad de que en algunos países la revolución socialista pudiese llevarse a cabo por medios pacíficos. Como Jrushchov manifestaba en su informe, en algunos países la clase obrera junto a otros sectores sociales estaban en posición para vencer a las fuerzas reaccionarias y “para alcanzar una mayoría estable en el parlamento, y transformar este último de un órgano de la democracia burguesa a un genuino instrumento de la voluntad del pueblo” (Jrushchov, 1956: 45).

Si bien la formulación del PCUS de la vía pacífica era bastante general, carente de un análisis detallado y sin muchas explicaciones teóricas, el PC no tardó en adoptarla como propia. En 1957, en un artículo titulado precisamente “La vía pacífica”, se destacaba la resolución del XX Congreso del PCUS en donde el “camarada Nikita Jrushchov” hizo notar “que incluso la transición al socialismo puede concebirse bajo las actuales condiciones, en algunos países, sin violencia, y valorizó el papel que estarían llamadas a cumplir para ello las instituciones parlamentarias” (Pérez, 1957: 4). Algunos años después, Luis Corvalán, secretario general del PC desde 1958, valoraba la importancia del XX Congreso soviético, pues “reestableció la validez de la tesis acerca de la vía pacífica, que desde la muerte de Lenin el movimiento comunista internacional había desestimado” (Corvalán, 1964b: 24). Así, el reconocimiento de los medios pacíficos pareció útil al PC para comenzar a articular discursivamente su práctica política con sus preceptos teóricos marxistas más amplios.

¿Qué características exhibía la vía pacífica del PC? ¿Cómo la justificaban los comunistas y hasta qué punto aceptaban las instituciones parlamentarias y electorales? A pesar de que la vía pacífica pudiese parecer un camino parlamentarista y meramente institucional, como le reprocharían luego los socialistas, el PC se preocupó de enfatizar que esta tenía como característica el ser expresión de una lucha de masas más amplia. En el mencionado artículo sobre la vía pacífica, su autor argumentaba que, si se lograba “aislar al reducido número de los enemigos del pueblo chileno” y si este movimiento se expresaba “en una profunda lucha de masas, es completamente posible que realicemos transformaciones revolucionarias sin necesidad de recurrir a la violencia extrema ni a la guerra civil” (Pérez, 1957: 3). A su vez, la adopción de la vía pacífica se sustentaba en un diagnóstico crítico de la acción política del PC en ciertos espacios como el electoral. De acuerdo al mismo artículo, se reconocía que “hasta ayer (…) habíamos mirado hasta con cierto desprecio la organización del trabajo electoral: nos enorgullecíamos de no ser partidos electoreros”, pero mientras se mantenía esa posición, continuaba, “la oligarquía, los caudillos y aventureros, se han aprovechado para hacer su negocio electoral a costa del engaño de las masas...” (Pérez, 1957: 5).

La vía pacífica podía entenderse, entonces, como la concreción y reevaluación del trabajo de masas realizado por el PC, la lucha de masas, pero ampliándose con mayor decisión al campo electoral, algo que en realidad venía ocurriendo desde años antes. La justificación, sin embargo, no terminaba ahí. Los motivos para impulsar un camino socialista y revolucionario por medios pacíficos se encontraban en el análisis de las condiciones locales que en el caso chileno no recomendarían una estrategia armada o insurreccional. Esta idea se acentuó aún más luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la que, sin duda, potenció las posturas más radicales en la izquierda respecto a la revolución. En contraste, el PC insistió en reiteradas ocasiones en rechazar la vía armada para el caso chileno, alternativa que había resultado atractiva para socialistas y otras fuerzas menores de izquierda a inicios de la década del 60. Al respecto, en una alusión directa a los cubanos, Orlando Millas, quien fue enviado por el PC a Cuba luego de la revolución, clarificaba que “la grandeza de la revolución cubana reside en que se desarrolló en las condiciones que le eran propias, según el sentido de nuestra época, respondiendo acertada y dinámicamente a cada desafío de las circunstancias” (Millas, 1963: 40). La lección de Cuba no era, por tanto, la necesidad de la lucha armada, sino atender a las características de cada país.

Estas ideas se reiterarían una vez más previo a las elecciones presidenciales de 1964, instancia que se consideró decisiva para el camino electoral que había adoptado el FRAP luego de los auspiciosos resultados de 1958. Poco antes de las presidenciales, en la editorial de Principios se argumentaba que “aquello de que el fin justifica los medios no es un principio comunista. Estamos por el empleo de los procedimientos menos dolorosos en el camino hacia los nobles fines de nuestro pueblo” ( Principios , 1964 : 9). La vía pacífica se configuraba así en la principal estrategia del PC para concretar sus lineamientos teóricos. No obstante, la propuesta del PC no lograba una coherencia discursiva ni teórica total. Por el contrario, desde el momento en que se adoptó la vía pacífica, se suscitaron numerosas críticas provenientes desde su principal aliado, el Partido Socialista. Los socialistas, que además de haber elaborado una línea política distinta, el Frente de Trabajadores, que no consideraba a la burguesía como un aliado válido, experimentaron en los 60 un proceso de radicalización que produjo roces significativos con los comunistas. Este debate, aunque no será tratado en extenso en este artículo, resulta relevante pues puso de relieve el problema de la participación de los partidos de izquierda en las instituciones de la democracia “liberal” o “burguesa”. En la siguiente sección se revisan brevemente los puntos de desacuerdo entre socialistas y comunistas, argumentando que uno de los puntos centrales en los que gira la discusión se refiere, precisamente, a las posibilidades revolucionarias que ofrecía el camino electoral y parlamentario.

5. La vía pacífica a la luz de la crítica socialista

Si bien la fundación del FRAP en 1956 consiguió unir a la izquierda después de largos años de conflictos internos, reuniendo al PC y a los socialistas, divididos desde 1948 en el Partido Socialista Popular (PSP) y el Partido Socialista de Chile, este último liderado por Salvador Allende, las disputas ideológicas continuarían en los años siguientes. Uno de los principales puntos de controversia entre socialistas y comunistas se relacionaba a la distancia existente entre sus líneas políticas. Como señala Garrido (2017), la línea socialista del Frente de Trabajadores, que venía desarrollándose desde fines de los años 40 principalmente desde las filas del PSP, tenía un marcado carácter clasista que los diferenciaba de las líneas comunistas del Frente Popular y luego del FLN. Tras adoptarse el Frente de Trabajadores como línea oficial del PSP en 1955, y luego del PS reunificado en 1957, las tensiones con el PC se harían evidentes. En contraste con estos últimos, la posición clasista de los socialistas consistía en negarle a la burguesía su capacidad transformadora y progresista, y, en consecuencia, en rechazar las alianzas políticas con los partidos representantes de los sectores “burgueses”, principalmente el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano. De igual manera, el PS restaba importancia a la participación en el sistema democrático burgués al considerar que su potencial para la lucha revolucionaria era limitado. Así, por ejemplo, Salomón Corbalán, secretario general del PS entre 1957 y 1961, mantenía que en los países americanos subdesarrollados las clases burguesas han “perdido todo su factor creador (…). Su papel histórico está totalmente naturalizado y han pasado ser clases parasitarias y usufructuarias del régimen actual, al que defienden y pretenden perpetuar.” La revolución, concluía Corbalán, “tendrá que realizarse por la conducción de la clase trabajadora, bajo la dirección política de los partidos socialistas” (Corbalán, 1957: 89).

La posición del PS expresada en el Frente de Trabajadores puede entenderse como parte de un proceso de radicalización más amplio que luego se hará mucho más evidente durante la década de 1960 (Ortega, 2008). A esto habría que sumar el influjo cubano que, si bien no necesariamente fue una de las causas de dicha radicalización, engarzó con el pensamiento latinoamericanista y antiimperialista del PS (Palieraki, 2015: 115). Con ello reforzó su crítica a los postulados reformistas o gradualistas que exhibía el PC. En 1962 estas diferencias serían expuestas abiertamente en un intercambio de cartas conocido como la polémica socialista-comunista, en donde los primeros criticaban a los comunistas su acción política a través de la “democracia burguesa”. El portavoz de esta crítica por parte del PS fue Raúl Ampuero, entonces sucesor de Salomón Corbalán, apuntando directamente a la vía pacífica y su carácter electoral. Dirigiéndose al PC, Ampuero sostenía que la contienda electoral tendía “—aunque ustedes no lo quieran— a crear en las masas una falsa confianza en lo que pudiéramos llamar la normalidad de las instituciones democráticas, en el funcionamiento real de los mecanismos representativos” (Ampuero, 1962: 310). El fondo de esta discrepancia apunta a la imposibilidad de alcanzar una revolución socialista a través de las instituciones existentes, justificando implícitamente la necesidad de los medios armados de lucha. En efecto, Ampuero argumentaba que la vía pacífica solo podía llevarse a cabo cuando ya se hubiese iniciado una verdadera revolución, porque solo donde “no es el capitalismo el sistema vigente, ni la burguesía la clase dominante, están abiertos los causes para una progresiva profundización de sus conquistas” (Ampuero, 1962: 310).

Las críticas elaboradas por el PS llevaron a que el PC tuviese que explicar durante esos años las problemáticas de la vía pacífica. Aunque la polémica involucraba una serie de cuestiones teóricas y políticas de mayor alcance —como las relaciones con la Unión Soviética o las relaciones de clase y dominación— parte importante de los cuestionamientos apuntaban al problema de la democracia. En ese sentido, el PC no solo debía justificar el potencial revolucionario de la vía pacífica, sino explicar por qué esta no se reducía a lo electoral o al parlamentarismo. Respecto a la revolución, la vía pacífica se entendía como revolucionaria porque era expresión de la voluntad de las masas, o lo que los comunistas llamaban la lucha de masas. Como ha indicado Álvarez (2011), la lucha de masas era el concepto clave en el discurso comunista que les permitía articular las acciones “revolucionarias” con las “reformistas”. Más allá de si las acciones eran directas y violentas, o bien por cauces institucionales y legales, lo importante es que fuesen expresión de las reivindicaciones populares a través de los esfuerzos organizativos y de movilización que realizaba el partido. De esta forma, refiriéndose a las elecciones de 1964, el PC sostenía en Principios que se trataba de un “deber altamente revolucionario”, y que la “campaña no será ni puede ser exclusivamente ‘electorera’, sino que debe fundirse (…) en cada lugar a las más variadas luchas del pueblo por sus reivindicaciones y derechos” ( Principios , 1963 : 142).

La crítica socialista llevaría a que Luis Corvalán tuviese que explicar, una vez más, el potencial revolucionario de la vía pacífica, sosteniendo que

Cuando hablamos de la revolución por la vía pacífica sólo estamos señalando la posibilidad de cambios revolucionarios sin recurrir a la insurrección armada o a la guerra civil, y no estamos descartando otras posibles formas de violencia en menor escala. La huelga general, la toma de terrenos por los pobladores, las luchas callejeras e incluso la conquista de la tierra por los campesinos en algunas partes, son también formas de violencia y ellas, por cierto, se han dado y se dan en el caso chileno (Corvalán, 1964b: 34).

La necesidad de aclarar este punto daba cuenta de que el concepto de revolución cargaba todavía con un elemento de radicalidad política que, en cierta forma, lo hacía incompatible con la adopción de las instituciones “burguesas”. Corvalán podía incluir en la vía pacífica algunas formas menores de violencia, pero, como se citó más arriba, la crítica de los socialistas apuntaba a la imposibilidad de realizar cambios por medio de las vías electorales y parlamentarias. Como se argumenta en la próxima sección, el problema para el PC residía justamente en reconocer que en su discurso había integrado dichos métodos de acción más allá de consideraciones prácticas o instrumentales.

6. La institucionalidad democrática

¿Por qué la participación en la institucionalidad democrática se constituyó en un problema para el discurso del PC? ¿Seguía siendo dicha participación parte de la fase democrático-burguesa, o comenzó a ser integrada en las concepciones políticas del PC? Para abordar estas preguntas resulta necesario examinar el discurso del PC referido directamente a las instituciones democráticas del periodo. Como se indicó anteriormente, el concepto de democracia para los comunistas se definía como la expresión de las reivindicaciones de las masas. A partir de esto, fue posible para el PC concebir las instituciones existentes como un medio de acción legítimo y no meramente instrumental. Sin embargo, al aceptar dicha posibilidad, los comunistas hacían suyas las formas de la democracia representativa liberal, así como su contenido. De lo que se trataba para el PC no era solo alcanzar el poder mediante las elecciones o el parlamento, sino de que se cumplieran efectivamente los principios democráticos que las instituciones políticas supuestamente encarnaban.

Así, desde el Programa de 1956, luego profundizado en nuevo programa en 1962, el PC planteaba numerosas reformas políticas que apuntaban a ampliar el derecho a sufragio y sanear el sistema político con miras a democratizar la institucionalidad. La importancia dada a estas cuestiones surgía de una crítica a las prácticas represivas aplicadas contra los comunistas. Desde Principios se sostenía, por ejemplo, que “el régimen presidencial, la ilegalidad del Partido Comunista, las leyes represivas y el sistema electoral vigente son antidemocráticos y constituyen, en el orden político, un freno a la libre manifestación de la voluntad popular y al desarrollo progresista del país en sus múltiples aspectos” (Carvajal, 1956: 3). Esta crítica se mantuvo incluso hasta 1964, cuando muchas de las trabas legales y políticas de los años 40 y 50 ya habían eliminadas. El dirigente Mario Zamorano afirmaba en ese sentido que en el sistema político aún se conservaban “discriminatorias disposiciones”, como aquellas que “impiden el derecho a voto a los analfabetos, a la tropa y a la suboficialidad de las Fuerzas Armadas. También hay dificultades reales para la inscripción electoral de los trabajadores, ya sea por los horarios y cortos periodos de funcionamiento de las juntas inscriptoras, como por la falta de facilidades para hacerlo” (Zamorano, 1964: 83). Por esto, el discurso comunista reafirmaba la necesidad de dichas reformas, pero no solo en un sentido práctico, sino porque además formaban parte importante de su concepción política.

Un buen ejemplo de cómo el PC concebía la institucionalidad política se encuentra en un texto del entonces destacado dirigente Jorge Jiles, miembro del Comité Central, respecto a las reformas constitucionales que el partido consideraba necesarias. Para Jiles, lo que el país necesitaba era impulsar un proceso de democratización cuyo propósito fuese “que el pueblo y las mayorías nacionales (tuviesen) una injerencia real en el manejo y dirección del país”, por lo que una constitución democrática debía asegurar que las mayorías tuviesen una participación efectiva en el Estado (Jiles, 1960: 16). En la práctica, esto significaba que la constitución consagrara “el derecho a elegir y ser elegido como gobernante, legislador, regidor municipal, sin discriminaciones ideológicas, de raza o religión o sexo” y “la total abolición del concepto de ciudadano de primera o segunda clase” (Jiles, 1960: 19). El propósito de estas reformas planteadas consistía en que la institucionalidad cumpliera efectivamente con los principios democráticos que la guiaban. Jiles mantenía, en este sentido, que era necesario reconocer “las garantías ciudadanas, los derechos de expresión, de reunión, de asociación, al trabajo, a la educación y a la huelga de una manera efectiva y real y no sujeta a mil trabas (…) impuestas por las autoridades que convierten tales derechos en meras enunciaciones, verbalizaciones sin contenido ni aplicación” (Jiles, 1960: 1960).

Desde esta perspectiva es que el PC planteaba una reforma profunda al sistema político que apuntaba a eliminar el bicameralismo y asegurar una supremacía del legislativo sobre el ejecutivo. Ambas cuestiones se proponían desde el programa de 1956 mediante la creación de una Cámara Única. Para el PC, un legislativo así constituido, aunque no entregaría una representación total de la mayoría, expresaba mejor la voluntad popular que un bicameralismo. En el diagnóstico comunista, la experiencia del bicameralismo y la igualdad de facultades entre la Cámara de Diputados y el Senado hacían de este último un bastión de aquellos sectores sociales considerados como reaccionarios (Jiles, 1960). La reforma de esta disposición institucional coincidía, además, con la idea de representar efectivamente al pueblo, llevando las luchas de este al parlamento. Pero la reforma era más profunda, pues como se establecía en el programa del 62, la Cámara Única pretendía ser un sistema parlamentario, cuyas facultades fueran “designar al Presidente de la República, los ministros de Estado y los miembros de los organismos superiores encargados de administrar la justicia” (Partido Comunista, 1962: 35). De esta forma, se limitaría el poder excesivo del presidente, teniendo en mente al gobierno radical de González Videla, pero también al de Jorge Alessandri, elegido en 1958, que impulsó leyes que el PC consideraba perjudiciales para el pueblo.

Ahora bien, esta defensa de los principios democráticos representativos se explica en parte por la concepción “etapista” de la revolución que poseían los comunistas y que, en este caso, se manifestó en la llamada fase democrático-burguesa. En el plano teórico, esta fase correspondía a la línea leninista que recomendaba la acción del proletariado en la democracia como paso previo a la revolución (Vergara, 2010), y que aplicado al caso chileno se habría expresado en el FLN (Daire, 2010). Sin embargo, y sin desconocer lo anterior, es posible sostener que ya para la primera mitad de los años 60 el PC había reevaluado sus concepciones previas apuntando a un nuevo tipo de acción democrática y revolucionaria que superaba la fase democrático-burguesa. En efecto, así lo expresaba Corvalán en 1961 refiriéndose a la revolución propiciada por el PC, que, en sus palabras, sería:

una revolución democrática que, para mayor comprensión si ha de colocársele algunos otros adjetivos, es una revolución democrática, popular y nacional, anti-imperialista, antifeudal y antimonopolista. No se trata, pues, de la revolución democrático burguesa según la concepción clásica, sino de una revolución democrática y popular de nuevo tipo ( Principios , 1961 : 51).

Esta nueva concepción revolucionaria incluyó, en definitiva, los elementos democráticos que se han destacado acá, incluso cuando no condujeran inmediatamente a la revolución. Así lo manifestaba Orlando Millas en 1962, al reconocer que al pueblo le “interesan fundamentalmente las libertadas (sic) públicas, los derechos democráticos, las instituciones republicanas, aunque ellas de por sí no impliquen la eliminación de la dictadura burguesa” (Millas, 1962: 36). El mismo Luis Corvalán profundizaría esta idea unos años después, al afirmar que “los comunistas estamos por la ampliación y perfeccionamiento del régimen democrático, porque nuestra vida nacional esté regida por un Estado de Derecho (…)” (Corvalán, 1964a: 141). La incorporación de dichos elementos de la institucionalidad democrática en el discurso del PC daba cuenta entonces de una concepción amplia que excedía las formulaciones doctrinarias del marxismo. Más allá de la concepción de la democracia como expresión de las masas, el contenido de la institucionalidad que el PC había adoptado como vía para su proyecto político estaba dado de manera significativa por los principios de la democracia representativa. Como se aprecia en las citas de Millas y Corvalán, la valoración de los derechos y libertades democráticas, y en especial del Estado de Derecho, da cuenta de cómo dichos principios lograron ser integrados efectivamente en el discurso comunista.

A pesar de los problemas teóricos que suscitó para el propio PC el dar coherencia a lo anterior, se mantendría en el tiempo como la principal defensa de una vía democrático-institucional a contrapelo de lo que sucedería con el PS luego de 1964. Tanto así que, como indica Vergara (2010: 203), la inclusión del concepto de Estado de Derecho en el programa de la UP, a primera vista ajeno al aparataje conceptual del marxismo-leninismo, fue precisamente, la forma de salvar la distancia entre la “democracia burguesa” y la “democracia proletaria”, toda vez que era necesario llevar al proletariado a la posición de clase gobernante.

7. Conclusiones

En el artículo se ha examinado el discurso del Partido Comunista de Chile respecto a la democracia. Se sostiene que este logró integrar algunos principios propios de la democracia representativa y liberal de ese periodo, a la cual la propia izquierda calificaba de “burguesa” y, por tanto, debía ser objeto de transformación y cambio. Como se ha argumentado, si bien la acción de los comunistas en la época puede llamar la atención por conjugar en la práctica una teoría marxista con elementos que parecían ajenos a esta, el proceso fue facilitado por los cambios que efectuó el PC en sus definiciones políticas y estratégicas desde la década de 1940 en adelante. Un primer momento clave fue el abandono de la línea de los frentes populares, impulsada desde fines de los 30 por el llamado Frente de Liberación Nacional tras la promulgación de la Ley Maldita en 1948. Aunque ambos momentos mantuvieron como constante la necesidad de establecer alianzas políticas con partidos no proletarios, el FLN implicó reevaluar el carácter de dichas alianzas. De una hegemonía burguesa, el PC pasó a establecer la necesidad de una hegemonía de clase obrera con miras a integrar a las masas en la vida política del país y, en consecuencia, avanzar hacia la democratización del régimen político. Con esto, se abandonó la mera defensa de la democracia burguesa frente al fascismo, y se avanzó hacia la necesidad de reformar el régimen vigente, de modo que se garantizara un sistema que, no siendo aún socialista, diera al pueblo acceso a las tareas del gobierno y del Estado.

La propuesta política del FLN que, hasta cierto punto, le permitió al PC mantenerse en los espacios institucionales y sociales en los que se había desenvuelto tradicionalmente —desde las elecciones hasta el mundo sindical— se vería complementada de manera significativa con la vía pacífica como estrategia de acción. Esta estrategia, propuesta desde la Unión Soviética en 1956, explicitó la posibilidad de que en ciertos países fuese posible llevar a cabo una revolución socialista sin recurrir a medios armados o insurreccionales. En consecuencia, se reforzó la tendencia del PC a encauzar su acción política a través de la legalidad existente, lo cual le permitió expandir su propuesta democrática con especial énfasis en las elecciones, el parlamento, municipios y otros espacios institucionales, siempre y cuando estos fuesen expresión de la lucha de masas. Aunque es necesario aclarar que ambos, el FLN y la vía pacífica, eran lineamientos que apuntaban a realizar la revolución, dieron pie a que los comunistas comenzaran a valorar positivamente algunos elementos de la democracia existente. Esta valoración no se limitó a cuestiones prácticas o meramente estratégicas, sino que abarcó cada vez más algunos de los fundamentos que sustentaban al régimen existente en ese entonces, como las libertades y derechos políticos, el Estado de Derecho y el principio representativo. La democracia “burguesa” debía ser superada. Para ello el PC reinterpretó a su favor algunos de dichos principios con el fin de dar al pueblo acceso al poder.

En resumidas cuentas, el propósito no ha sido reconstruir las líneas políticas o la trayectoria institucional del Partido Comunista, sino, como se señaló en la introducción, acercarse a la acción política de los comunistas chilenos desde su dimensión ideológica, es decir, desde sus planteamientos discursivos, conceptuales y lingüísticos. Tomando distancia de los postulados teóricos que puedan resultar demasiado rígidos para examinar el pensamiento político, en el artículo se ha querido mostrar cómo las ideologías, a la vez que ofrecen pautas y preconcepciones necesarias de acción, también responden y se adecúan a los problemas y necesidades que presenta la política contingente. En el caso del PC chileno, su propósito ideológico mayor, establecer una sociedad socialista mediante un proceso revolucionario, respondió al contexto local a partir de las posibilidades que le ofrecía su propio aparataje conceptual, desarrollado en décadas previas. Discursivamente, al PC le fue más accesible recurrir a los elementos y principios de la democracia representativa liberal que se desarrolló en Chile durante el siglo XX, en lugar de proponer una estrategia de cambio radical. Es cierto que los comunistas consideraban dicho régimen insuficiente y limitado, pero al mismo tiempo se sirvieron de este para realizar, con éxito relativo, su acción política, y les permitió integrar algunas cuestiones que doctrinariamente podrían parecer ajenas. Lo anterior no significa que el concepto mismo de democracia fuera ajeno al marxismo del PC, ni que los comunistas no tuvieran con anterioridad una concepción al respecto. Más bien, lo que se ha pretendido mostrar es la importancia del pensamiento político para entender el comportamiento de los actores pasados, que, aunque pueda parecer contradictorio, adquiere mayor sentido desde los debates en que se vieron involucrados en su época.

La interpretación ofrecida no es, por cierto, excluyente con otros enfoques historiográficos como el de numerosos trabajos acá citados. Son complementarios en la medida en que permiten profundizar en otros factores que inciden en los procesos políticos y sociales, y abren numerosos aspectos por cubrir en futuras investigaciones. Para el caso específico del PC, la dimensión ideológica carece aún de una interpretación que abarque periodos más extensos de su vida política, encontrándose más bien fragmentada desde los diversos enfoques presentes en los estudios sobre el partido. Por un lado, el pensamiento político de los primeros socialistas del Partido Obrero Socialista (POS), y luego de los inicios del Partido Comunista, permanece relativamente poco investigado más allá de la figura de Luis Emilio Recabarren. Aunque se conoce con mayor certeza el desarrollo político-organizacional del POS, así como las continuidades y rupturas en su cultura política al transformarse en Partido Comunista —particularmente después de la bolchevización— examinar la evolución de sus principios, discursos y conceptos aportaría significativamente a la comprensión de su trayectoria. Esto es particularmente relevante para comprender hasta qué punto las prácticas institucionales y electorales del PC a partir del Frente Popular compartían o no un aparataje conceptual con el POS.

Por otro lado, avanzando sobre el caso de estudio presentado, analizar el desarrollo posterior de la política del PC, así como sus debates con otros actores políticos, constituye un paso necesario para completar la interpretación del periodo. La concepción sobre democracia se vería afectada de manera importante con los hechos posteriores a 1964. El fracaso de esa elección presidencial pondría en tela de juicio la estrategia del PC, la que sería replanteada como vía no armada en 1965. En los años siguientes, la propuesta comunista se vería cuestionada por diversos actores políticos. Mientras que el gobierno democratacristiano impulsó un proyecto que parecía armonizar revolución y democracia con menos complicaciones teóricas —la llamada “revolución en libertad” — ciertos sectores del Partido Socialista radicalizarían su discurso revolucionario. La crítica al PC se intensificaría con el Congreso Extraordinario del PS en 1965, y luego en 1967 con la participación socialista en el Congreso de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, y un nuevo congreso ese mismo año, en donde reafirmaron su propuesta revolucionaria armada. La victoria de la Unidad Popular amplió aún más el debate sobre democracia, ya que, como muestra Riquelme (2009), llevó a la izquierda a replantear los modelos revolucionarios que guiaban su acción. La vía chilena al socialismo se caracterizó precisamente como democrática en lo institucional y pluripartidista en su composición, alejada del ejemplo soviético que tenía el PC. Aunque las discusiones al respecto no encontraron solución debido al golpe militar de 1973, las problematizaciones sobre la democracia continuarían siendo un eje central en la política de los años posteriores.

Por último, resultaría interesante profundizar en el tema a partir de una aproximación más amplia sobre la ideología socialista, que integre elementos teóricos y el análisis histórico. Como se indicó al principio, la historia del socialismo y el comunismo está cruzada por ambos aspectos, los que no pueden ser estrictamente separados. Los estudios centrados en el pensamiento de los grandes intelectuales marxistas nos dicen mucho sobre la teoría socialista, pero poco sobre los partidos, movimientos y los incontables sujetos que la llevaron a la práctica. Al mismo tiempo, los análisis exclusivamente historiográficos pueden llevar a obviar el rol que las ideas juegan en la vida política cotidiana, reduciendo las acciones de los sujetos involucrados a las necesidades contingentes y, de ese modo, olvidando el papel orientador que tienen las ideologías. En ese sentido, la polémica en la historia socialista sobre la acción por medio de los cauces democráticos, ya sea en el caso acá estudiado o en otro, puede iluminar la compleja relación entre los marcos teóricos normativos y su práctica concreta.

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  1. [1] El autor agradece a Rosa María Mantilla por sus comentarios y sugerencias durante la elaboración del escrito...

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